El Gobierno nacional reglamentó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que comenzó a regir el sábado y alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por un delito.
La reglamentación fue establecida mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, y designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. El objetivo del nuevo sistema es promover la responsabilidad de los adolescentes por sus actos y favorecer su educación, resocialización e integración social.
Desde qué edad se aplicará
Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años. Este límite fue establecido por el Congreso al sancionar la Ley 27.801 y no por el decreto reglamentario.
La edad que se tendrá en cuenta será la que tenía el adolescente al momento de cometer el hecho, por lo que el régimen alcanza a quienes tengan entre 14 y 17 años al momento del delito.
El nuevo sistema no implica que todos los adolescentes acusados de un delito sean enviados a prisión. La ley contempla distintas sanciones y medidas según la gravedad de cada caso.
Entre las alternativas aparecen amonestaciones, restricciones de contacto o circulación, trabajos comunitarios, reparación del daño, monitoreo electrónico y prohibiciones específicas, además de penas privativas de la libertad en los casos que correspondan.
Cómo serán las penas de prisión
Cuando corresponda una pena de prisión, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especialmente destinados a menores y no podrán compartir alojamiento con adultos.
Además, tendrán acceso a programas educativos, capacitación laboral, formación ciudadana y actividades deportivas.
La normativa establece que no podrán aplicarse penas de prisión o reclusión perpetua. El máximo previsto para los adolescentes es de 15 años, de acuerdo con las características y gravedad del delito.
También existen alternativas a la prisión para determinados casos. Cuando la pena prevista no supere los tres años, podrá evitarse la detención. En determinadas situaciones, también podrán aplicarse sanciones alternativas para penas de entre tres y diez años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.
Supervisores especializados para cada adolescente
Uno de los principales mecanismos previstos por la reglamentación será la figura del supervisor especializado, encargado de realizar el seguimiento del adolescente cuando el juez determine determinadas medidas o sanciones.
Estos profesionales deberán mantener entrevistas semanales con los jóvenes y elaborar informes mensuales sobre su evolución, educación, formación y comportamiento.
Para integrar el registro de supervisores se requerirá formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología o trabajo social, además de experiencia profesional y capacitación específica en justicia penal juvenil y derechos de niños y adolescentes.
También habrá asistencia para las víctimas
El nuevo régimen contempla mecanismos específicos para acompañar a las víctimas de los delitos cometidos por adolescentes.
El Ministerio de Justicia deberá poner a disposición equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos y trabajadores sociales, además de coordinar con la Defensoría General de la Nación el acceso al patrocinio jurídico gratuito previsto por la ley.
A su vez, las condenas firmes serán comunicadas al Registro Nacional de Reincidencia, que contará con una sección especial para los adolescentes alcanzados por este régimen. La información tendrá carácter reservado y solo podrá ser consultada por personas autorizadas.
Un nuevo esquema de coordinación federal
La reglamentación también creó un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.
El organismo tendrá entre sus funciones coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción, además de articular las acciones necesarias para la ejecución de las penas.
También se conformará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a coordinar políticas con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
De esta manera, el Gobierno puso en marcha el esquema reglamentario de un régimen que modifica de manera significativa el sistema penal aplicable a adolescentes y establece nuevas herramientas para el seguimiento, sanción y reinserción de jóvenes acusados de cometer delitos.
