El Gobierno nacional atraviesa una semana clave para avanzar con la implementación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), uno de los mecanismos contemplados en la reforma laboral para financiar el pago de indemnizaciones y otros costos vinculados con la finalización de una relación de trabajo.
La iniciativa todavía tiene varios puntos pendientes de reglamentación y no se descarta una nueva demora en su puesta en marcha. Originalmente, los FAL debían comenzar a funcionar el 1 de junio, pero la falta de reglamentación llevó a postergar su implementación hasta el 1 de noviembre. Ahora, distintas fuentes del mercado advierten que podría producirse una nueva extensión hasta diciembre.
Cómo funcionarán los fondos
El esquema contempla que los aportes realizados por trabajadores y empresas sean administrados e invertidos con el objetivo de preservar su valor y garantizar que los recursos estén disponibles cuando deban utilizarse para afrontar indemnizaciones, incapacidades u otros acuerdos derivados de la finalización del vínculo laboral.
La expectativa dentro del mercado financiero es importante. Según las estimaciones citadas por TN, los FAL podrían generar un flujo financiero de entre US$1.500 millones y US$2.000 millones anuales.
El mecanismo también es observado como una oportunidad para generar inversiones de largo plazo dentro del sistema financiero argentino, por lo que bancos y sociedades de Bolsa ya preparan distintas propuestas para administrar estos fondos.
Qué falta definir
Este lunes finaliza el período de consulta pública sobre la propuesta de reglamentación elaborada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Luego deberá avanzar la versión definitiva de las normas.
Además, todavía se esperan disposiciones de ARCA, la Secretaría de Trabajo y eventualmente la Unidad de Información Financiera (UIF). Entre las cuestiones pendientes aparece la definición de quiénes podrán administrar los FAL y cuáles serán los requisitos para hacerlo.
También existe una diferencia que genera dudas: la reglamentación laboral establecería que una empresa tiene hasta cinco días para solicitar el rescate del fondo ante una desvinculación, mientras que la Ley de Contrato de Trabajo establece un plazo de cuatro días para el pago de la indemnización.
Los bancos ya preparan sus propuestas
Las entidades financieras consideran que cuentan con una ventaja para participar del nuevo sistema debido a que ya mantienen vínculos con las empresas a través del pago de salarios.
Entre las alternativas que analizan aparecen fondos de corto plazo y alta liquidez, pensados para compañías con alta rotación de personal, y otros de mayor duración y riesgo moderado, orientados a preservar el capital frente a la inflación.
Si las normas pendientes quedan definidas, algunos bancos aseguran estar preparados para comenzar a operar con los FAL desde el 1 de noviembre.
De esta manera, los próximos días serán determinantes para conocer si el nuevo sistema de financiamiento de indemnizaciones podrá comenzar a funcionar en la fecha prevista o si deberá enfrentar una nueva postergación.
