El proyecto de ley sobre discapacidad impulsado por el Gobierno nacional continúa generando diferencias entre el Poder Ejecutivo y los diputados de La Libertad Avanza que negociaron modificaciones con bloques aliados. La principal discusión gira en torno al costo fiscal de la iniciativa y a las condiciones para garantizar las prestaciones del sector.
La propuesta, que será debatida este miércoles en la Cámara de Diputados, fue acordada entre legisladores oficialistas, el PRO, la UCR y otros espacios provinciales. Sin embargo, desde el área económica mantienen reparos por el impacto presupuestario que tendría su implementación.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconoció durante una exposición en el Congreso que el texto consensuado no coincide plenamente con la iniciativa que pretendía impulsar originalmente el Poder Ejecutivo.
Pensiones y prestaciones, los principales puntos de conflicto
Entre los cambios incorporados al proyecto se encuentran la posibilidad de compatibilizar las pensiones por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación del beneficio en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el mantenimiento del nomenclador que regula los valores de las prestaciones.
No obstante, todavía existen diferencias sobre la actualización de esos aranceles. Los bloques aliados reclaman garantías para que los pagos a prestadores de servicios, como rehabilitación, transporte y acompañamiento, se ajusten mensualmente según la inflación.
También continúa pendiente el reclamo por las compensaciones adeudadas a los prestadores por la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante 2024.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la propuesta tendría un costo fiscal cercano a los $600.000 millones en 2027 y de $1,2 billones en 2028, considerando el padrón completo de beneficiarios.
La negociación política sigue abierta
La mesa política del Gobierno tiene previsto analizar el tema este martes para definir cómo continuará la negociación antes de la sesión parlamentaria.
Dentro del oficialismo existen posiciones diferentes sobre la conveniencia de avanzar con el texto acordado. Mientras algunos legisladores buscan alcanzar un entendimiento con los aliados para evitar una nueva derrota parlamentaria, otros sectores del Ejecutivo mantienen su intención de modificar el sistema de pensiones y prestaciones.
El debate se produce después de varios reveses legislativos del Gobierno en materia de discapacidad, entre ellos la revocación de un veto presidencial y las decisiones judiciales que exigieron la aplicación de la ley de emergencia.
La iniciativa todavía podría recibir modificaciones durante su tratamiento en el recinto. Mientras tanto, organizaciones vinculadas a la discapacidad mantienen sus reclamos para que se garantice la continuidad de las prestaciones y se actualicen los fondos destinados a la atención de las personas beneficiarias.
