La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, formalizó la anulación de la condena que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. La decisión representa un nuevo avance para el Estado nacional en uno de los litigios internacionales más costosos de su historia.
La resolución se conoció este lunes y cumple con el fallo que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos dictó en marzo de este año, cuando revocó la sentencia de primera instancia que había favorecido a los demandantes.
Con esta medida, queda formalmente cerrado el expediente en primera instancia en Nueva York y se elimina la condena indemnizatoria contra el país por el supuesto incumplimiento de las condiciones establecidas en el estatuto de la petrolera.
El reclamo todavía puede llegar a la Corte Suprema
Pese al resultado favorable para la Argentina, la disputa judicial todavía no terminó. El fondo Burford Capital, que representa los intereses de las empresas Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones.
Ahora, el máximo tribunal estadounidense deberá decidir si acepta revisar el caso. Si lo hace, podría abrirse una nueva instancia de discusión sobre la condena que originalmente superaba los 16.000 millones de dólares.
Cómo comenzó el juicio por la expropiación de YPF
El conflicto se originó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación del 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la española Repsol.
Los demandantes sostuvieron que el Estado argentino incumplió el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición por las acciones de los accionistas minoritarios tras tomar el control de la empresa.
En septiembre de 2023, la jueza Preska había fallado a favor de los demandantes y ordenado el pago de una indemnización multimillonaria. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión en marzo de 2026 al considerar que se había interpretado incorrectamente la legislación argentina.
La nueva resolución formaliza ese cambio judicial y representa un alivio para las finanzas públicas, aunque el desenlace definitivo dependerá de los próximos pasos del proceso ante la Corte Suprema estadounidense.
