El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Hugo Aguado, confirmó a Ahorachaco que los trabajadores fueron despedidos tras el cierre de la empresa, que bajó las persianas de sus 45 sucursales en todo el país. La firma entró en quiebra y los empleados deberán presentarse como acreedores para reclamar las sumas adeudadas. Desde el gremio anticiparon que acompañarán a las familias y buscarán mecanismos para paliar la situación.
El cierre de la sucursal de Musimundo en Presidencia Roque Sáenz Peña dejó a 17 trabajadores sin su fuente laboral y abrió un escenario de fuerte incertidumbre respecto del cobro de sus indemnizaciones, salarios adeudados y liquidaciones finales.
El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Hugo Aguado, en entrevista con Ahorachaco explicó que los trabajadores fueron notificados del despido de manera sorpresiva. Según relató, el sábado pasado, al finalizar la jornada laboral, los responsables de la sucursal reunieron a los empleados y les comunicaron que el lunes ya no debían presentarse a trabajar porque habían sido despedidos.
“Los agarra de alguna manera desprevenidos, pero también tenían conciencia de que podía llegarse a una situación como la que se dio”, explicó Aguado, al señalar que la empresa ya atravesaba dificultades para pagar los salarios y reponer mercadería. De hecho, los trabajadores venían cobrando sus haberes en dos veces.
La situación no se limitó a Sáenz Peña. La empresa cerró la totalidad de sus sucursales en el país, unas 45, dejando a numerosos trabajadores sin empleo.
Indemnizaciones: la quiebra profundizó la incertidumbre
Uno de los principales problemas para los empleados es ahora determinar cuándo y cómo podrán cobrar las sumas que les corresponden.
Aguado señaló en Ahorachaco que las cartas documento enviadas por la empresa no explicaban los motivos del despido y solamente informaban que la indemnización y la liquidación final estarían disponibles en las cuentas bancarias habituales “en la medida de la disponibilidad de recursos de la empresa”.
Ante esa situación, el Centro de Empleados de Comercio se reunió con los trabajadores y confeccionó telegramas laborales para rechazar esa modalidad de pago y exigir certezas sobre el cobro de las indemnizaciones, la liquidación final y los salarios correspondientes al mes de agosto.
Sin embargo, el escenario cambió drásticamente con la decisión judicial de decretar la quiebra de la empresa.
“Con la quiebra directamente la empresa ya no va a tener recursos”, explicó Aguado. Los trabajadores deberán presentar hasta el 6 de noviembre la documentación correspondiente para acreditar la deuda que la empresa mantiene con cada uno de ellos y, a partir de allí, comenzará el proceso de liquidación de los activos.
El dirigente gremial aclaró que los trabajadores tienen prioridad entre los acreedores para el cobro de sus acreencias, aunque advirtió que los tiempos dependerán del proceso judicial y de los bienes y fondos que finalmente puedan recuperarse.
Trabajadores con décadas de antigüedad
La situación adquiere una dimensión todavía más delicada por la antigüedad de muchos de los empleados despedidos.
Aguado detalló que hay trabajadores con más de 30 años dentro de la empresa, otros con más de 20 años y que la mayoría cuenta con entre 10 y 15 años de antigüedad. También hay algunos empleados más jóvenes, con entre tres y cinco años.
“Yo te puedo decir lo que siento: mucha impotencia, realmente mucha impotencia de no poder hacer nada”, expresó Aguado al referirse especialmente a quienes prácticamente desarrollaron toda su vida laboral dentro de la empresa.
El dirigente sostuvo que perder un empleo después de 20 o 30 años representa un golpe no solamente económico, sino también personal y familiar.
El gremio analiza cómo ayudar a las familias
Frente a la posibilidad de que Musimundo no pueda afrontar de manera inmediata las indemnizaciones, desde el Centro de Empleados de Comercio anticiparon que evalúan mecanismos para acompañar económicamente a los trabajadores.
Aguado recordó situaciones anteriores de despidos masivos y cierres de empresas, como el caso de Ribeiro, y explicó que algunos trabajadores cuentan con otro ingreso familiar, mientras que otros dependen exclusivamente del salario que perdieron.
“Vamos a ayudar como lo hemos hecho otras veces con otros trabajadores”, aseguró. La intención, según explicó, es intentar que las familias puedan atravesar los próximos meses sin que su economía se vea completamente afectada mientras esperan una resolución judicial.
“Se han perdido muchísimos puestos de trabajo formales”
Durante la entrevista, Aguado también realizó un análisis de la situación general del empleo y cuestionó el impacto que, desde su perspectiva, está teniendo el actual modelo económico sobre el trabajo registrado.
Como ejemplo, mencionó la evolución del padrón del Centro de Empleados de Comercio. Según indicó, en 2018 contaban con alrededor de 2.300 afiliados, mientras que en las elecciones realizadas en marzo de este año el padrón había descendido a unos 1.500.
Actualmente, estimó que rondan los 1.400 afiliados.
“Te puedo decir que 100 fuentes de trabajo en estos últimos meses acá en Sáenz Peña, por lo menos fuentes de trabajo registradas, se perdieron”, sostuvo.
Para Aguado, la situación evidencia una pérdida de puestos formales y un crecimiento de la informalidad, en un contexto donde también se redujo el consumo interno y las ventas en distintos rubros comerciales.
Importaciones y competencia desleal
Otro de los puntos abordados fue la apertura de las importaciones y su impacto sobre el comercio local.
Aguado consideró que la apertura comercial permitió reducir algunos precios que anteriormente podían ser elevados por la falta de competencia, pero cuestionó que el proceso se produzca sin controles suficientes.
En particular, apuntó contra comercios que venden productos provenientes de países limítrofes y que, según señaló, en algunos casos funcionarían sin registrar a sus trabajadores ni afrontar las mismas cargas impositivas que los comercios formales.
“Hay evidentemente una competencia desleal en este sentido y eso es lo que tendría que evitar eventualmente el Estado”, afirmó.
Para el dirigente, el problema no es únicamente la importación, sino la falta de controles sobre el origen de la mercadería, las condiciones laborales y la registración de los empleados.
También remarcó que existen comercios que pueden requerir numerosos trabajadores durante extensas jornadas, pero que no necesariamente tienen a esas personas registradas formalmente.
Reclamo por falta de controles laborales
Aguado sostuvo que el sindicato no cuenta con facultades para realizar por sí mismo inspecciones y verificar la situación de los trabajadores dentro de los comercios.
Por ese motivo, consideró fundamental el rol de los organismos estatales de control laboral.
“Nosotros como gremio no tenemos esa facultad de policía”, explicó, y señaló que esas tareas deberían ser realizadas por los organismos correspondientes.
Desde su perspectiva, la reducción de los controles favorece situaciones de informalidad y abuso laboral. En ese sentido, reclamó una mayor presencia del Estado para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones y que exista una competencia comercial en igualdad de condiciones.
Críticas a la situación de la obra social
El secretario general del Centro de Empleados de Comercio también se refirió a la situación de la obra social en la provincia del Chaco y aseguró que atraviesa un momento crítico.
Explicó que la obra social tiene una estructura centralizada y que las principales decisiones se toman en Buenos Aires, mientras que las prestaciones y la cobertura presentan fuertes diferencias entre los grandes centros urbanos y las provincias del interior.
“En el Chaco no tenemos hoy ni siquiera la mínima cobertura. Estamos a la deriva”, afirmó.
Según Aguado, esta situación obliga en determinadas ocasiones al propio sindicato a utilizar recursos para cubrir necesidades de sus afiliados que deberían ser atendidas por la obra social.
“El empleado tiene que conocer sus derechos”
Respecto del rol actual de los sindicatos, Aguado reconoció que las organizaciones gremiales cuentan con menos herramientas que años atrás, pero sostuvo que siguen siendo fundamentales para asesorar y defender a los trabajadores.
En ese sentido, puso especial énfasis en la necesidad de que los empleados conozcan sus derechos laborales.
“Las obligaciones siempre se las van a marcar la patronal, pero no los derechos”, sostuvo.
También relató situaciones en las que trabajadores con muchos años de antigüedad terminaron renunciando luego de recibir presiones de sus empleadores y posteriormente continuaron trabajando de manera informal, perdiendo así los años de antigüedad acumulados.
Para Aguado, el temor a perder el empleo lleva a muchos trabajadores a resignar derechos para conservar algún tipo de ingreso.
Nuevos espacios para los afiliados
A pesar del difícil escenario económico, el dirigente destacó las inversiones realizadas por el Centro de Empleados de Comercio para sus afiliados.
Entre ellas, mencionó la adquisición de un predio en Paso de la Patria con cinco cabañas y pileta, además de la construcción de dos salones infantiles en el predio sindical de calle 29 y 20.
El primer salón ya se encuentra habilitado y el segundo está próximo a finalizarse. Según explicó, los espacios estarán destinados principalmente a cumpleaños, bautismos y celebraciones familiares de los afiliados.
Un mensaje para los 17 trabajadores
Finalmente, Aguado dejó un mensaje para los trabajadores despedidos de Musimundo y sus familias.
“Que mantengan la fe”, expresó, y reconoció que conseguir nuevamente un empleo estable puede ser difícil en el contexto actual.
El dirigente aseguró que el sindicato continuará acompañando a los 17 trabajadores y que buscará evitar que queden desamparados durante el proceso de quiebra.
“Probablemente no vamos a solucionar la totalidad de los problemas que tienen, pero tampoco es que los vamos a dejar de alguna manera desamparados”, afirmó.
Y cerró con una mirada de esperanza: “Siempre cuando se cierra una puerta muchas veces se abre otra”.
