La Justicia Federal de La Plata procesó sin prisión preventiva a dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado, una causa que hasta el momento está vinculada con al menos 90 muertes.
La medida alcanzó a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). El juez federal Ernesto Kreplak las consideró, en principio, partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales.
Además del procesamiento, el magistrado dispuso un embargo de $500.000 millones para cada una, junto con la inhibición general de sus bienes.
Continuarán en libertad
A pesar del procesamiento, ambas exfuncionarias continuarán en libertad mientras avanza la investigación. Entre las medidas impuestas se encuentran la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal y la entrega de sus documentos de viaje.
También se les prohibió mantener contacto con personas vinculadas a la ANMAT y al INAME.
La investigación busca determinar qué responsabilidades tuvieron las autoridades encargadas de controlar a los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculados con la producción y distribución del fentanilo contaminado.
El foco está puesto en los controles sanitarios
Según la resolución judicial, antes de que se conociera la contaminación del medicamento ya se habían detectado distintas irregularidades en los establecimientos. El juez analiza si las autoridades contaban con herramientas para impedir que los laboratorios continuaran produciendo y comercializando medicamentos bajo esas condiciones.
En el caso de Mantecón Fumadó, el fallo puso el foco en presuntas demoras y omisiones en la aplicación de medidas de control. Respecto de Bisio, se analizó su responsabilidad jerárquica al frente de la ANMAT y distintas decisiones adoptadas durante su gestión.
El expediente reúne actualmente 134 víctimas, de las cuales 90 fallecieron, y cuenta con 47 querellas. Con estos dos nuevos procesamientos, ya son 15 las personas alcanzadas por medidas judiciales en la causa.
La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los actores involucrados en la fabricación, control y distribución del medicamento contaminado.
