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Política

El Gobierno mantiene su postura sobre el financiamiento universitario y los rectores advierten que peligra el ciclo lectivo 2027

la quinta marcha federal universitaria se llevo a cabo este jueves en reclamo de la aplicacion de la ley de financiamiento foto na damian dopacio EA647J5R4BHO3DBGFFWNK76C3E

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo tras la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves en distintos puntos del país. Mientras el Gobierno nacional ratificó que no abrirá una nueva instancia de negociación con las autoridades universitarias, los rectores advirtieron que, sin una solución presupuestaria, el inicio del ciclo lectivo 2027 podría verse comprometido.

Según informó TN, desde la Casa Rosada consideraron que la movilización tuvo un carácter político y sostuvieron que la protesta no modificará la postura oficial. Además, descartaron convocar al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a una mesa de diálogo y señalaron que las discusiones sobre los recursos deberán darse en el Congreso, durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

La diferencia por los fondos para las universidades

Uno de los principales puntos de conflicto es la asignación presupuestaria prevista para el próximo año. El proyecto presentado por el Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el CIN reclama más de $11 billones para cubrir las necesidades del sistema y cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el Gobierno sostienen que las partidas deben ajustarse a la disponibilidad de recursos y al objetivo de mantener el equilibrio fiscal. Las autoridades universitarias, en cambio, advierten que los montos previstos resultan insuficientes para afrontar los salarios, los gastos de funcionamiento y las demás obligaciones de las instituciones.

Los rectores alertan sobre el funcionamiento del sistema

Representantes de las universidades describieron la situación como una creciente acumulación de tensiones, tanto por las dificultades económicas como por el deterioro de las condiciones laborales y materiales.

Las autoridades académicas señalaron que, si no se alcanza una solución durante los próximos meses, podrían profundizarse las medidas de fuerza y surgir dificultades para garantizar el comienzo normal de las clases en 2027.

El reclamo también continúa por la vía judicial. La Justicia ordenó aplicar disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario vinculadas con la actualización de salarios y becas, mientras que el Gobierno apeló fallos relacionados con su implementación.

El Congreso, escenario clave para resolver el conflicto

Ante la falta de diálogo directo con el Ejecutivo, las universidades concentran parte de sus esfuerzos en conseguir modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027 durante el debate parlamentario.

Los rectores buscan que se incorporen los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones y cumplir con la legislación vigente. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y el futuro del calendario académico dependerá, en buena medida, de las decisiones presupuestarias y de la evolución de las negociaciones políticas y judiciales.

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