El Gobierno nacional prevé presentar antes de diciembre una reforma integral del Código Penal y busca posicionar la seguridad como uno de los principales temas de su agenda política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
La iniciativa todavía se encuentra en etapa de revisión y existen diferencias internas sobre el alcance definitivo del proyecto. Una de las alternativas en discusión es reducir aproximadamente a la mitad el texto original, que superaba los 900 artículos, para alcanzar una propuesta más acotada.
Aumentos de penas y cambios en la legítima defensa
Entre los principales puntos del borrador figuran el endurecimiento de las penas para distintas modalidades de robo, incluidos los cometidos con vehículos, las entraderas y las salideras. También se contemplan modificaciones relacionadas con el narcotráfico, los delitos contra menores y las estafas.
Otro de los ejes es la legítima defensa. La propuesta busca ampliar las condiciones de protección para quienes se defiendan ante determinadas situaciones de peligro, tanto dentro de sus viviendas como en otros escenarios previstos por la legislación.
Además, se analizan cambios en los plazos de prescripción de los delitos, nuevas figuras penales vinculadas con fraudes digitales y mayores sanciones por el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles.
La discusión continuará en el Congreso
La intención del Ejecutivo es presentar la reforma como un único proyecto, en lugar de dividirla en varias iniciativas independientes. Para eso, el Ministerio de Justicia y los equipos encargados de la revisión jurídica deberán acordar la redacción final.
El Gobierno pretende que el debate legislativo forme parte de su agenda de seguridad para 2027, junto con las medidas económicas que impulsa la administración de Javier Milei.
Sin embargo, una vez presentado, el proyecto deberá atravesar el tratamiento parlamentario y reunir los apoyos necesarios para avanzar.
