La Casa Rosada no logró unificar posiciones sobre el proyecto de ley de discapacidad y mantiene abierta la posibilidad de que el presidente Javier Milei aplique un veto total o parcial si la iniciativa compromete el equilibrio fiscal.
Las diferencias se dan entre el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y los diputados de La Libertad Avanza que impulsaron el proyecto junto con bloques aliados. Según trascendió, la iniciativa no cuenta con el aval integral de las áreas de Economía, Salud y Legal y Técnica.
El oficialismo prevé debatir el proyecto en la Cámara de Diputados este miércoles 21 de octubre, con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Sin embargo, persisten las negociaciones sobre el financiamiento de las prestaciones y las obligaciones que asumiría el Estado.
Uno de los principales puntos de conflicto es la actualización de los aranceles que reciben los prestadores de servicios para personas con discapacidad. El texto también contempla pensiones no contributivas, cobertura sanitaria, compatibilidad con determinados ingresos laborales y compensaciones por deudas con prestadores.
Desde el equipo económico advierten que no respaldarán automáticamente una ley que genere compromisos presupuestarios incompatibles con la política de equilibrio fiscal del Gobierno. Por su parte, los legisladores que negociaron el dictamen buscan sostener el acuerdo parlamentario para evitar que la oposición vuelva a impulsar una prórroga de la emergencia nacional en discapacidad.
La posibilidad de un veto se definiría en una etapa posterior, una vez que el proyecto complete su recorrido legislativo. Mientras tanto, el Gobierno deberá resolver las diferencias internas y garantizar los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.
El conflicto también suma presión política ante la prevista visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre, que incluiría una recorrida por una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.
De esta manera, el oficialismo enfrenta el desafío de conciliar la protección de las prestaciones con las restricciones presupuestarias, en medio de negociaciones que todavía no alcanzaron un acuerdo definitivo.
