El plazo de dos semanas que el Gobierno de Javier Milei le otorgó al Reino Unido para frenar las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas, venció este lunes. Ante la falta de una respuesta favorable de Londres, la Cancillería argentina prepara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La medida busca solicitar acciones provisionales para impedir el avance de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, mientras se desarrolla un procedimiento de arbitraje internacional. El proyecto Sea Lion es impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y tiene previsto comenzar la producción de petróleo en 2028.
La decisión argentina se anunció el 28 de septiembre, cuando el Presidente instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El Gobierno sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa afecta los derechos soberanos del país.
