El juez de Niñez, Adolescencia y Familia N° 1 de Juan José Castelli, Gonzalo García Veritá, expresó su respaldo a la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso que involucraba a un adolescente de 14 años.
García Veritá se sumó al pronunciamiento de la Red Argentina de la Magistratura de Niñez y Familias, que cuestionó el pedido de destitución contra De Marinis y defendió la posibilidad de que los magistrados ejerzan el control de constitucionalidad de las leyes.
En un mensaje de solidaridad, el juez chaqueño sostuvo que “atacar a una magistrada por el contenido de sus sentencias es una grave lesión a la independencia judicial y a la división de poderes”. También señaló que estas acciones pueden afectar el ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad.
El caso se originó luego de que De Marinis declarara inconstitucional, para ese caso concreto, el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el nuevo régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años. La decisión había beneficiado a un adolescente acusado de tentativa de robo.
Sin embargo, el fallo de primera instancia fue posteriormente revocado por la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Los camaristas declararon válida la aplicación del artículo cuestionado, anularon el sobreseimiento del adolescente y dispusieron el apartamiento de De Marinis del expediente.
Reclamo por la independencia judicial
La Red Argentina de la Magistratura de Niñez y Familias consideró que el pedido de destitución constituye una intromisión en la actividad judicial y destacó que los jueces tienen la facultad de analizar la constitucionalidad de las normas al resolver casos concretos. Más de 90 magistrados porteños también habían expresado su rechazo al pedido de juicio político.
Desde Chaco, García Veritá remarcó que “la independencia del Poder Judicial no es un privilegio, sino la garantía de la República”, y sostuvo que, en materia de niñez y adolescencia, esa independencia resulta especialmente relevante para la protección de derechos.
El debate continúa en distintas instancias judiciales y se centra, entre otros aspectos, en el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil, el control de constitucionalidad de la norma y los límites de las medidas disciplinarias contra magistrados por el contenido de sus resoluciones.
