El Gobierno definió que no aplicará las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica tras el rechazo de los vetos en el Congreso. El Ejecutivo asegura que promulgará las iniciativas y que no les asignará recursos presupuestarios para su implementación, como realizó con la Emergencia en Discapacidad. “Así como están, las leyes quedan en suspensión hasta que se defina de dónde sacar la plata”, expresan en Nación.
En la Casa Rosada reconocen que el aumento de fondos para el Hospital Garrahan tiene poco impacto en las cuentas fiscales, pero aseguran que no la aplicarán para no contradecir el rechazo al incremento de fondos a universidades. La primera ley tiene un costo de $133.433 millones: $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para el personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.
Fuente: TN
