El Gobierno nacional dispuso una ampliación de $15,6 billones en el Presupuesto 2026 mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei y todos los integrantes del Gabinete. La medida responde a que la inflación registrada durante el año superó ampliamente las estimaciones utilizadas para elaborar las cuentas públicas.
La modificación representa un incremento superior al 10% de los créditos presupuestarios vigentes y busca reforzar partidas que quedaron desactualizadas frente al aumento de los costos, los compromisos salariales, las prestaciones sociales y las obligaciones financieras del Estado.
Cuando se diseñó el presupuesto, el Gobierno había proyectado una inflación anual cercana al 18%. Sin embargo, las estimaciones actuales se aproximan al 33%, una diferencia que obligó a revisar los recursos disponibles para garantizar el funcionamiento de distintas áreas de la administración nacional.
El PAMI recibirá la mayor parte de los fondos
Uno de los principales destinos de la ampliación será el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que recibirá aproximadamente $10 billones adicionales. El monto representa cerca del 66% del total autorizado y busca cubrir las necesidades presupuestarias del organismo, afectado por el incremento de los costos de sus prestaciones.
Otro de los sectores que recibirá un refuerzo significativo será el destinado al pago de intereses y comisiones de deuda pública, con una ampliación cercana a los $3,9 billones. También se contemplaron partidas adicionales para áreas de Salud y Defensa.
En contrapartida, el Gobierno dispuso una reducción de aproximadamente $2,3 billones en créditos destinados a Servicios Económicos, mediante una reasignación de recursos hacia otros sectores considerados prioritarios.
Menos superávit para cerrar el año
La ampliación presupuestaria también tendrá consecuencias sobre el resultado fiscal. Según las estimaciones, los ingresos corrientes y de capital aumentarán alrededor de $8,1 billones, una cifra inferior a los gastos adicionales autorizados.
Como consecuencia, el superávit previsto para el cierre de 2026 pasaría de unos $26,4 billones a aproximadamente $18,9 billones, lo que implica una reducción cercana a los $7,5 billones.
Desde el Ejecutivo justificaron la decisión en la necesidad de adecuar las partidas para garantizar la continuidad de servicios esenciales y cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado.
De esta manera, el Gobierno mantiene su objetivo de finalizar el ejercicio con resultado fiscal positivo, aunque deberá resignar una parte del excedente que había proyectado inicialmente para afrontar el impacto de la inflación sobre las cuentas públicas.



