El plan oficial busca evitar el receso parlamentario habitual y dar continuidad a una agenda que incluye la reforma tributaria, cambios laborales y el tratamiento del Presupuesto 2026. La idea es que las cámaras permanezcan convocadas durante gran parte del verano para reducir la incertidumbre normativa y acelerar la sanción de proyectos clave.
No obstante, la iniciativa enfrenta tensiones políticas: dirigentes sindicales y asociaciones empresarias ya expresaron reparos sobre el contenido de algunas reformas y advierten que será difícil lograr los consensos necesarios. Además, hay dudas sobre la capacidad de mantener quórum efectivo en enero, mes tradicionalmente complicado para la actividad legislativa.
Desde el oficialismo sostienen que la continuidad de sesiones es la única vía para garantizar la implementación rápida de las medidas económicas proyectadas, pero reconocen que el calendario dependerá de los avances que se logren en diciembre y de la negociación política con la oposición.