El Gobierno nacional prepara cambios en los procedimientos de protección marítima para agilizar la interceptación y el eventual uso de la fuerza contra embarcaciones que desobedezcan órdenes de las autoridades argentinas en espacios marítimos bajo jurisdicción nacional o sujetos a derechos soberanos.
La reforma forma parte del capítulo de protección marítima de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo proyecto el Ejecutivo prevé enviar al Congreso. La iniciativa busca reducir la cantidad de pasos que deben cumplirse antes de adoptar determinadas medidas coercitivas.
Qué cambios analiza el Gobierno
El esquema en estudio contempla distintas etapas de una operación: detección, intimación, persecución, abordaje y eventual utilización de armas contra embarcaciones que se nieguen a cumplir las instrucciones de las autoridades argentinas.
La medida no estaría limitada a posibles amenazas militares externas. También podría alcanzar a pesqueros extranjeros que operen ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y se resistan a detenerse o ser inspeccionados.
Sin embargo, Argentina ya cuenta con herramientas para intervenir ante este tipo de situaciones. La Prefectura Naval puede detectar, perseguir, inspeccionar y apresar embarcaciones extranjeras que realicen pesca ilegal dentro de la ZEE y, bajo determinadas condiciones, continuar la persecución incluso cuando el buque llegue a alta mar.
Desde 2018 existe además un protocolo que establece una secuencia de comunicaciones, señales, intimaciones, abordaje y persecución. En determinadas circunstancias, si la embarcación mantiene una actitud de resistencia, se contempla el empleo de armas.
El uso de la fuerza ya está contemplado
El protocolo vigente diferencia entre disparos de advertencia, que no deben impactar contra el buque, y disparos de invalidación, destinados a provocar un daño limitado que permita detenerlo.
El empleo de la fuerza debe ajustarse a criterios de legalidad, oportunidad, último recurso, gradualidad y proporcionalidad. Por eso, el proyecto que analiza el Gobierno no supone habilitar por primera vez el uso de armas contra pesqueros, sino modificar el procedimiento existente y eventualmente ampliar su alcance.
Uno de los puntos que se encuentra bajo análisis es también la coordinación entre Prefectura Naval, la Armada y el Comando Conjunto Marítimo, especialmente para determinar cuándo una operación corresponde al ámbito policial y cuándo pasa a involucrar estructuras de Defensa.
Además, el Gobierno evalúa endurecer el tratamiento jurídico de determinadas situaciones de pesca ilegal para que algunos casos puedan dejar de ser considerados únicamente infracciones administrativas y pasar a constituir delitos penales. Esta alternativa todavía se encuentra en análisis.
La iniciativa se desarrolla en paralelo con otras medidas vinculadas con la defensa y la cuestión Malvinas. El ministro de Defensa, Carlos Presti, sostuvo que el reclamo argentino por las islas continuará por la vía diplomática y pacífica.
La Cancillería, por su parte, rechazó recientemente una guía publicada por el Gobierno británico destinada a empresas interesadas en desarrollar actividades comerciales e hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
