El Gobierno nacional incluyó en el Presupuesto 2027 una partida de US$1.100 millones destinada a afrontar el pago de sentencias y laudos firmes surgidos de tribunales internacionales, entre ellos el CIADI, organismo arbitral del Banco Mundial.
La decisión cobra especial relevancia luego de que la Justicia de Estados Unidos ratificara el reconocimiento de un laudo contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, por un monto que supera los US$390 millones, incluidos los intereses. El fallo habilitó al fondo Titan Consortium a buscar activos argentinos en Estados Unidos para intentar cobrar la condena.
Además del caso de Aerolíneas, existen otros tres procesos con laudos adversos para el país: Webuild, por unos US$123 millones; Saur International, por US$72 millones; y AES Corporation, con una condena de US$716 millones. Algunos de estos expedientes todavía atraviesan instancias de anulación o reconocimiento judicial.
La Argentina es uno de los países con mayor cantidad de demandas ante el CIADI. Desde 1997 recibió 65 reclamos y, según datos citados por TN, perdió el 86% de los casos que llegaron a una resolución, con laudos adversos que en conjunto superan los US$10.000 millones.
A esto se suman siete casos que todavía permanecen pendientes ante el organismo. Entre ellos se encuentra una nueva demanda iniciada por Petersen y Eton Park, vinculada con la expropiación de YPF, luego del fallo de la Justicia estadounidense que había establecido una condena de US$16.000 millones, posteriormente anulada en segunda instancia.
También continúan en trámite reclamos de empresas como Abertis, IJM Corporation y BA Desarrollos, además de un expediente iniciado por aseguradoras de Países Bajos y Orígenes AFJP por la eliminación del sistema de capitalización previsional.
Los laudos del CIADI no implican automáticamente un embargo sobre bienes argentinos. Para intentar ejecutar una condena, los acreedores deben recurrir a los tribunales del país donde buscan cobrar y obtener allí el reconocimiento correspondiente.
La inclusión de la partida de US$1.100 millones en el Presupuesto 2027 refleja el impacto que estos litigios internacionales todavía tienen sobre las cuentas públicas y las obligaciones financieras de la Argentina.
