El Gobierno de Javier Milei formalizó este miércoles la privatización de tramos estratégicos de la Red Vial Nacional mediante el Decreto 28/2025. Firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el documento establece la licitación de más de 700 kilómetros distribuidos en seis rutas clave del Corredor Vial 18, actualmente bajo la gestión de Caminos del Río Uruguay. Esta medida busca transferir al sector privado las tareas de conservación y mantenimiento vial para reducir el gasto público.
Entre los tramos a licitar se encuentran partes de las rutas nacionales 12, 14, 133, A-015, 117 y 174. Estas vías son fundamentales para la conectividad entre provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y abarcan corredores estratégicos para el comercio regional. Por ejemplo, la Ruta Nacional 12, que conecta a Zárate con Ceibas, es parte esencial del circuito logístico hacia el Mercosur.
El decreto subraya la importancia de la llamada “Ruta del Mercosur”, que enlaza Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay. Este corredor, que incluye el Puente Rosario-Victoria y rutas como la 12 y la 14, desempeña un rol crucial en el transporte internacional de bienes. Sin embargo, el deterioro de su infraestructura ha sido señalado como un factor que limita la competitividad económica del país.
La normativa establece un plazo de doce meses para adjudicar las concesiones bajo un régimen de peaje. Además, se habilita al Ministerio de Economía a modificar la lista de tramos incluidos, convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales y coordinar los contratos necesarios. Estas concesiones permitirán realizar mejoras en infraestructura y brindar servicios adicionales a los usuarios.
Empresas del sector expresaron inquietudes por el estado actual de las rutas incluidas en la licitación, señalando que la falta de mantenimiento previo podría dificultar su gestión eficiente. A pesar de ello, el Gobierno destaca que la privatización permitirá optimizar la infraestructura vial, incrementar la seguridad y ofrecer mejores servicios de transporte en beneficio del comercio y la población.
Según el Ejecutivo, la concesión garantizará una administración más eficiente y sostenible de las rutas, clave para la competitividad de Argentina en el comercio internacional.