La Libertad Avanza prepara una propuesta alternativa para modificar el capítulo sobre discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027, mientras las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzan hacia la firma de dictámenes.
El oficialismo busca dejar atrás el esquema de emergencia y avanzar hacia una ley permanente de discapacidad, con mecanismos estables de financiamiento, actualización de prestaciones y mayor previsibilidad normativa. La propuesta sería incorporada al tratamiento del Presupuesto 2027.
Uno de los puntos centrales de la discusión es el Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas, cuyo esquema de actualización había sido modificado en el proyecto enviado por el Ejecutivo. Ahora, el oficialismo analiza mantener una actualización periódica, aunque con ajustes vinculados a la inflación y una frecuencia diferente a la vigente.
También se discute el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. La propuesta contempla reforzar los controles y evaluar, además del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica de cada solicitante. A su vez, el oficialismo aceptaría compatibilizar las pensiones con el empleo formal, un punto que había generado cuestionamientos al proyecto original.
En paralelo, otro de los reclamos que se busca atender es el de los prestadores de servicios para personas con discapacidad, que reclaman compensaciones por atrasos acumulados durante 2024. El oficialismo y sus aliados analizan establecer un mecanismo para reconocer y pagar esas diferencias durante los últimos meses de 2026 y contemplarlas en el Presupuesto 2027.
Mientras tanto, los bloques de la oposición avanzarán con un dictamen propio para prorrogar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La posición de algunos bloques provinciales todavía se encuentra en negociación con el oficialismo.
El debate se da luego de que el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 generara diferencias dentro del oficialismo y entre sus aliados parlamentarios. El Gobierno busca ahora alcanzar un texto consensuado antes de que la emergencia vigente pierda vigencia a fin de año.
