El exministro de Planificación Federal Julio de Vido fue condenado hoy a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo (cobro de sobornos) y administración fraudulenta contra el Estado en el juicio por el caso Skanska, que es la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, por coimas en el proceso de ampliación de un gasoducto.
De Vido ya arrastra cuatro condenas, de las cuales solo una está firme, la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en una quinta de un barrio cerrado de Zárate.
El fallo fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, del Tribunal Oral Federal N° 4, que esta mañana escuchó las últimas palabras de los acusados antes de la sentencia y hoy a las 13, antes de leer el veredicto, informaron que habían rechazado los planteos de nulidad contra la causa.
En este caso, llegaron al banquillo a una treintena de empresarios y exfuncionarios, entre ellos, De Vido y José López, también condenado hoy a cinco años.
Ambos eran los máximos responsables de la obra pública en el período bajo investigación. Para ellos, la fiscalía había pedido cinco años de prisión por cohecho y fraude al Estado.
En el juicio, el fiscal Abel Córdoba mantuvo la acusación de ocho exdirectivos y gerentes de Skanska, y para ellos pidió cuatro años y seis meses de prisión.
Además de Azcarate, que era gerente comercial, fueron acusados el máximo responsable de la empresa en la región, Mario Piantoni; el presidente de la empresa en el país, Gustavo Vago, y los directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba.
En cambio, para los otros 17 enjuiciados pidió la absolución.
El fiscal Abel Córdoba ubicó a De Vido y López como parte de un gran esquema de corrupción destinado a direccionar contrataciones para la ampliación de dos gasoductos.
Según la acusación, la maniobra incluyó el pago de coimas a funcionarios, facturas truchas para justificar salidas de dinero y sobreprecios en las obras, adjudicadas a la empresa sueca Skanska.
El juicio comenzó hace poco más de dos años, pero se corresponde con una trama que nació hace casi dos décadas, tras una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil.
En ella se relataban las sospechas que sobrevolaban en la justicia tributaria acerca de la existencia de una red de empresas fantasma utilizada por Skanska para evadir impuestos o pagar coimas a funcionarios.
Las obras que comenzaron a ser revisadas por la Justicia contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
El trabajo −una respuesta a la renovada demanda de energía tras la crisis de 2001− consistió en la instalación de nuevas cañerías, la extensión de otras y la incorporación de compresores de gas.
Sin embargo, la marcha de la causa se frenaría en seco en 2011 por decisión de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas.
López y De Vido no se encontraban por entonces en ese grupo de acusados, pero sí muchos otros, como Néstor Ulloa, el funcionario a cargo de la administración del fideicomiso que financió las obras de ampliación de los gasoductos.
Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur fueron las licenciatarias y la firma Skanska, en tanto, fue contratada para ejecutar las obras. En una, como adjudicataria directa; en la otra, como subcontratada por la empresa Odebrecht, protagonista de la megacausa de corrupción que se extendió por toda la región.
Después del fallo de la Cámara, el expediente Skanksa permaneció casi clausurado hasta la revalidación judicial de un material que reactivó todo el caso.
Era un audio que la Justicia recuperó al inicio del proceso en un allanamiento. En él, un alto directivo de Skanska, Javier Azcárate, admite ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas en el país.
Reconoce a su vez el uso de facturas truchas para justificar el desembolso de sobornos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Es decir, la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart.
“Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”, señala Azcárate en la grabación. “Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”, dice en otro de los tramos, y también: “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación”.
El audio había sido desestimado en un principio por la Cámara por no haber nacido de una orden judicial, sino de una investigación interna de la empresa. El argumento fue que Azcárate había sido engañado en aquella conversación, grabada de manera subrepticia.
Pero, en 2015, la Corte Suprema reabrió la posibilidad de validarlo y la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, terminó de incorporarlo a la causa. “En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos”, marcó Gemignani.
Con la grabación de Azcarate recuperada, el fiscal Carlos Stornelli pidió la nulidad de los sobreseimientos y la causa volvió a cobrar fuerza.
El exministro de Planificación De Vido también está siendo juzgado en Sueños Compartidos, el juicio donde se revisa el programa de viviendas sociales que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Schoklender. El fiscal Diego Velazco pidió seis años de cárcel para el exfuncionario, la máxima por fraude al Estado.
En ese proceso, López también está bajo la misma acusación fiscal y se expone a sumar seis años de prisión a la pena unificada de 13 años de prisión por Vialidad y la causa por los bolsos en el convento.
Fuente: La Nación
