Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, fue detenido en la provincia del Chaco por orden de la Justicia, luego de que quedara firme una condena a cuatro años de prisión por haber ordenado intervenir ilegalmente los teléfonos de su esposa y de un hombre al que vinculaba sentimentalmente con ella.
La captura fue concretada por efectivos de Gendarmería Nacional, que localizaron al exfuncionario en Resistencia. Ahora deberá comenzar a cumplir de manera efectiva la pena impuesta por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
La detención se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso presentado por la defensa. De esta manera, la condena quedó firme y se habilitó el cumplimiento efectivo de la pena.
Cómo descubrieron el espionaje
El caso salió a la luz en 2019, cuando personal judicial encontró una serie de discos con grabaciones de comunicaciones telefónicas en una oficina que había ocupado Molina.
Los registros estaban identificados como parte de una investigación por narcotráfico, pero al revisar su contenido se descubrió que las líneas intervenidas no correspondían a personas investigadas por delitos vinculados al tráfico de drogas.
En realidad, pertenecían a la esposa de Molina y a un hombre cercano a ella, a quien el entonces secretario judicial sospechaba de mantener una relación.
La investigación determinó que las intervenciones se realizaron entre septiembre y octubre de 2014. Para concretarlas, Molina habría utilizado documentación y elementos oficiales del juzgado para presentar las líneas telefónicas como si fueran parte de una causa narco.
Incluso, durante el proceso judicial, integrantes de Gendarmería señalaron que nunca habían solicitado intervenir esos teléfonos y que Molina había indicado que los discos con las grabaciones fueran enviados directamente al juzgado.
Una condena que quedó firme
El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Molina en julio de 2025 a cuatro años de prisión, además de una inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena.
La sentencia se basó en los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica, considerados en concurso real.
En abril de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena. Finalmente, la Corte Suprema desestimó el recurso presentado por la defensa, por lo que la sentencia quedó firme.
Con esa decisión, los jueces ordenaron la detención inmediata de Molina y dispusieron que permanezca inicialmente bajo custodia de Gendarmería hasta su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
