El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a reclamar que la Argentina y otros países de la región continúen reduciendo los subsidios energéticos. El planteo forma parte de un informe sobre las perspectivas económicas del hemisferio occidental, en el que el organismo destacó la necesidad de mantener los avances alcanzados en materia de reducción del gasto estatal.
El documento señala que, durante 2026, varios gobiernos implementaron medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre hogares y empresas. Entre ellas se encuentran los subsidios a los combustibles, las reducciones impositivas y otras herramientas de asistencia.
Sin embargo, el Fondo advirtió que las ayudas generalizadas pueden generar distorsiones económicas y debilitar las señales de precios que contribuyen a moderar el consumo energético. Por ese motivo, recomendó revisar estas intervenciones y priorizar mecanismos de asistencia más focalizados.
El organismo destacó los cambios aplicados en el país
En su análisis, el FMI mencionó a la Argentina, Bolivia y Ecuador entre los países que avanzaron en la reducción o eliminación de subsidios a la energía. El organismo pidió preservar esos resultados en un contexto internacional marcado por el aumento de los costos energéticos.
La recomendación se suma a los compromisos asumidos por el Gobierno argentino dentro de su programa con el Fondo, que contempla nuevas reducciones de los subsidios y una política fiscal orientada al equilibrio de las cuentas públicas.
Las proyecciones económicas para la Argentina
En el mismo escenario, el organismo revisó sus previsiones de crecimiento para la economía argentina y estimó una expansión del 2,1% para 2026. La proyección refleja un desempeño más débil del esperado anteriormente, aunque el Fondo anticipa una recuperación gradual de la actividad durante 2027.
La evolución de los precios internacionales de la energía representa un factor de incertidumbre para la región, debido a su impacto sobre los costos de producción, el consumo y la inflación.
El pedido del FMI vuelve a poner en el centro del debate el esquema de subsidios y sus efectos sobre las tarifas que pagan los usuarios, así como el desafío de compatibilizar el equilibrio fiscal con la capacidad de los hogares para afrontar los gastos de los servicios públicos.
