El creciente endeudamiento mediante tarjetas de crédito y billeteras virtuales encendió las alarmas en la Argentina. De acuerdo con un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (Ietse), el 92,3% de los hogares registra algún tipo de deuda y casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento.
El estudio, realizado en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento múltiple: familias que acumulan compromisos simultáneos con bancos, tarjetas, plataformas digitales, comercios y prestamistas. Ante este escenario, desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste detallaron cuáles son los mecanismos legales actualmente disponibles y el estado de las iniciativas legislativas destinadas a prevenir y atender el sobreendeudamiento familiar. La UNNE difundió el análisis ante el agravamiento de la problemática.
Herramientas que ya están vigentes
Sebastián Danuzzo, profesor titular de Derecho Civil y docente del Departamento de Derecho Privado de la UNNE, explicó que el ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos que pueden ofrecer cierta contención a los consumidores. Sin embargo, consideró necesario avanzar con regulaciones específicas. “Hay herramientas vigentes de contención, como el deber de información calificado del proveedor, que se aplica a la mayoría de las relaciones de consumo que derivan en esta problemática”, señaló.
Entre esos instrumentos también mencionó el control de las cláusulas abusivas, destinado a frenar la capitalización desmedida de intereses, y la facultad de los jueces para revisar la razonabilidad de las tasas aplicadas y determinar si tienen carácter usurario.
Estas posibilidades están contempladas en el Código Civil y Comercial y en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240. Su aplicación debe realizarse, según Danuzzo, “siempre bajo el mandato constitucional de protección de los intereses económicos de los consumidores”. El especialista remarcó que esa protección constituye un deber impuesto por la Constitución Nacional a funcionarios y magistrados del Estado argentino.
Un código nacional todavía pendiente
En el Congreso se encuentra pendiente de tratamiento el proyecto de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, una iniciativa de origen técnico y académico elaborada con la participación de especialistas, entre ellos el propio Danuzzo. “Si bien es un proyecto de origen técnico-académico elevado al Poder Legislativo, su avance se encuentra en las instancias de revisión en el Congreso”, explicó el docente. La propuesta busca ordenar y unificar las normas existentes, además de incorporar mecanismos concretos para proteger a las personas frente a nuevas formas de contratación, financiación y endeudamiento.
La propuesta presentada en Corrientes
En el ámbito provincial, la Facultad de Derecho de la UNNE elaboró un anteproyecto de Código de Implementación de los Derechos del Consumidor para Corrientes. “A nivel provincial contamos con el proyecto de Código de Implementación de los Derechos del Consumidor, una propuesta gestada desde nuestra propia Facultad que prevé normas concretas para regular la reestructuración de deudas y proteger al deudor”, destacó Danuzzo.
La iniciativa fue entregada en mayo a las autoridades legislativas correntinas. Según informó la Cámara de Diputados de Corrientes, el anteproyecto deberá ingresar formalmente como proyecto, ser analizado en comisiones y posteriormente llegar al recinto.
El objetivo es establecer principios claros, actualizar los mecanismos de defensa del consumidor y facilitar soluciones administrativas y judiciales más rápidas. También contempla disposiciones para la prevención, reestructuración y resolución de deudas que ya no pueden ser afrontadas por las familias.
Reclamo por medidas de alivio
Las declaraciones se conocieron en la previa de una jornada de movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, convocada para reclamar medidas de alivio financiero ante la caída de los ingresos y el creciente peso de las deudas sobre los presupuestos familiares.
Mientras los proyectos permanecen en el ámbito legislativo, los consumidores pueden recurrir a las herramientas vigentes para cuestionar cláusulas abusivas, intereses excesivos o incumplimientos en el deber de información. Desde la UNNE, sin embargo, insistieron en que la magnitud del problema exige un régimen específico que permita actuar antes de que las familias queden atrapadas en una cadena de deudas imposible de sostener.
Fuente: Diario Norte
