La crisis de la niñez y la deuda pendiente del Estado argentino
Por Lic. María Valoy
Especialista en familia, violencia y salud mental
Ángel tenía cuatro años. Vivía en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia argentina.
Murió el 5 de abril de 2026, luego de ser hallado sin signos vitales en la vivienda
donde residía con su madre biológica y la pareja de esta, a quien había sido
revinculado apenas un mes antes por orden judicial. La autopsia preliminar reveló
traumatismos internos en la zona craneal. La causa está caratulada como ‘muerte
dudosa’ y la investigación continúa abierta.
Todavía no hay una sentencia. Todavía no hay verdad judicial. Pero hay algo que ya
no necesita esperar para ser nombrado: Ángel era un niño que estaba en riesgo, y el
sistema no lo protegió.
No escribo este artículo para juzgar a nadie mientras la
Justicia investiga. Lo escribo porque Ángel no es un caso
aislado. Es el síntoma de una crisis que venimos
ignorando.
UN NIÑO ATRAPADO EN EL MEDIO
Lo que se sabe del caso de Ángel López es doloroso en sí mismo, pero todavía más
doloroso es lo que revela de fondo. Según la información disponible, Ángel llevaba
años viviendo con su padre y su madre de crianza, Lorena Andrade, quien lo definió
como ‘su hijo’. La madre biológica se había ausentado desde poco después de su
nacimiento y regresó a reclamar su tenencia en 2025.
El juez de Familia ordenó iniciar un proceso de revinculación. El 4 de noviembre de
2025, la custodia fue transferida a la madre biológica. Ese mismo 9 de marzo de
2026, se dictó una restricción perimetral que impedía al padre y a Lorena acercarse al niño.
Ese día, en un video grabado por la familia paterna, Ángel puede escucharse
decir, con una tristeza que rompe el corazón: ‘Me quedo acá’.
Vecinos declararon que el niño llegaba golpeado al jardín de infantes, que lo dejaban
solo afuera de la casa, que él mismo mostraba a sus compañeros cómo su mamá le
pegaba. La familia paterna dice haber recorrido la Defensoría, Protección de
Menores, instituciones educativas. Nadie actuó.
Ángel pedía ayuda de la única manera que un niño de
cuatro años puede hacerlo: con el cuerpo, con las lágrimas,
con las palabras que todavía no tiene.
EL SISTEMA QUE NO ALCANZÓ
¿Falló la Justicia? ¿Fallaron los servicios de protección de la niñez? ¿Falló el jardín
de infantes? ¿Falló el sistema de salud? La respuesta más honesta —y más
incómoda— es que probablemente fallaron todos. No porque las personas que
trabajan en esas instituciones sean malas personas, sino porque trabajan en un
sistema que no tiene las condiciones mínimas para funcionar.
En Argentina —como en gran parte de América Latina— los equipos de protección de
la niñez están abarrotados de casos. Los profesionales que deberían hacer visitas
domiciliarias, seguimientos, evaluaciones periódicas, no tienen tiempo ni recursos
para hacerlo. Los juzgados de Familia tramitan cientos de expedientes
simultáneamente. Los servicios de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes reciben alertas que, con frecuencia, quedan en la nada —no por
negligencia individual, sino por colapso sistémico.
El caso de Ángel se parece al de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado en La
Pampa en 2021. Y antes de Lucio hubo otros. Y después de Ángel, si no cambia algo
estructural, habrá más.
Cada vez que un niño muere en el seno de una familia
violenta y el sistema no lo vio —o lo vio y no pudo actuar—,
estamos ante un fracaso colectivo, no individual.
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE NO SE VE
La violencia dentro de una familia es, por naturaleza, difícil de detectar. Sucede
puertas adentro. Las víctimas —especialmente los niños— no siempre pueden
nombrarla ni denunciarla. Los victimarios, con frecuencia, presentan hacia afuera
una imagen de familia funcional. Y en contextos de alta conflictividad entre
progenitores separados, como el que rodeó a Ángel, las alertas legítimas se mezclan
con las acusaciones cruzadas, lo que dificulta aún más la lectura del riesgo real.
Esto no es una excusa: es una descripción del terreno en el que trabajan los
profesionales que deben proteger a los niños. Y es exactamente por eso que se
necesitan más recursos, más personal especializado, más capacitación y más tiempo
para cada caso. No menos.
Que un niño llegue golpeado al jardín de infantes y que ningún maestro, ningún
directivo, ningún profesional de salud haya disparado una alerta efectiva no es una
falla individual: es la consecuencia de que nuestro sistema educativo y sanitario no
tiene protocolos claros, personal formado para reconocer el maltrato, ni canales de
denuncia que funcionen y tengan seguimiento real.
Detectar el maltrato infantil no es suficiente. Hay que
tener un sistema que pueda responder cuando se lo
detecta. Hoy, en Argentina, ese sistema está roto.
LO QUE FALTA: INVERSIÓN REAL EN LA NIÑEZ
Hablar de políticas públicas de protección a la niñez no es hablar de burocracia. Es
hablar de vidas concretas. De niños concretos. De familias que están en crisis y que,
en muchos casos, no necesitan que les quiten a sus hijos: necesitan que alguien las
acompañe, las eduque, las apoye para salir de la violencia.
Lo que Argentina —y la región— necesita con urgencia es, entre otras cosas:
Equipos interdisciplinarios de protección a la niñez con dotación suficiente para
hacer seguimientos reales, no solo respuestas a crisis.
Especialistas en familia y en prevención de la violencia —no solo psicólogos
clínicos— que puedan trabajar con las familias en su propio territorio, en sus
casas, en sus comunidades.
Defensorías de la niñez con personal suficiente y con poder real de intervención,
no solo con capacidad para recibir denuncias que luego se archivan.
Protocolos obligatorios y efectivos de detección y denuncia de maltrato en
escuelas y centros de salud, con seguimiento garantizado por el Estado.
Programas de prevención de la violencia intrafamiliar que lleguen a las familias
antes de que la crisis explote —no después de que un niño muera.
Juzgados de Familia con equipos técnicos robustos, tiempos procesales
razonables y mecanismos de revisión cuando hay alertas de riesgo para un
menor.
Nada de esto es imposible. Todo requiere decisión política y presupuesto. Y mientras
esa decisión no se tome, los niños seguirán pagando el precio.
LA FAMILIA EN CRISIS: UN ABORDAJE QUE NOS DEBEMOS
Poner la niñez primero no significa demonizar a las familias. Significa
comprenderlas. La violencia intrafamiliar, en la mayor parte de los casos, no surge de
la maldad pura: surge de la acumulación de crisis no acompañadas, de adultos que
no tuvieron modelos de crianza no violenta, de pobreza, de salud mental sin
atención, de vínculos rotos que nadie ayudó a sanar.
Eso no justifica el maltrato. Pero sí nos interpela como sociedad: ¿qué estamos
haciendo para ayudar a los adultos a ser mejores padres, antes de que la situación
llegue a un punto de no retorno?
Los programas de educación en no violencia, de parentalidad positiva, de
fortalecimiento familiar, existen en el mundo y tienen evidencia de efectividad. No
son proyectos ideológicos: son inversión en capital humano y social. En Argentina
tenemos experiencias valiosas, pero siguen siendo islas de esfuerzo en un océano de
desatención.
No alcanza con llorar a los niños muertos. Hay que
invertir en los niños vivos, en sus familias, en sus
comunidades, antes de que sea demasiado tarde.
LO QUE ÁNGEL NOS PIDE
Ángel merece justicia. Eso lo determinará la Justicia penal, con las pruebas que
recabe y los tiempos que la ley establece. Pero Ángel —y los miles de niños que hoy
viven en situaciones de riesgo sin que nadie los vea— nos pide algo más: que
hagamos de la protección de la infancia una prioridad real, no un eslogan.
Que nos mobilicemos no solo cuando hay un crimen que conmociona a las redes
sociales, sino cuando hay un presupuesto que se discute, una ley que se vota, una
defensoría que pide más recursos, un programa de prevención que busca
financiamiento.
Que exijamos a nuestros representantes que la niñez no sea la primera variable de
ajuste. Que cada provincia cuente con equipos de protección que puedan responder.
Que ningún niño golpeado llegue al jardín de infantes sin que se active una red de
contención real.
Que construyamos, como sociedad, la convicción de que la violencia no es un asunto
privado de las familias. Es un problema público. Y como tal, requiere respuestas
públicas, colectivas y sostenidas en el tiempo.
La deuda más grande que tiene Argentina con su futuro no
se mide en dólares. Se mide en niños que merecían crecer y
no pudieron.
UNA ALERTA, NO UNA CONDENA
Escribo este artículo en medio de la investigación abierta sobre la muerte de Ángel.
No tengo todas las respuestas. No sé todo lo que ocurrió en esa casa. No me
corresponde —ni a mí ni a nadie fuera del proceso judicial— emitir un veredicto
sobre personas que aún no han sido juzgadas.
Lo que sí sé —con la certeza que dan años de trabajo con familias en crisis— es que
detrás de cada caso de maltrato infantil que llega a la tragedia, hay una larga cadena
de oportunidades perdidas para intervenir. Y que esa cadena solo puede cortarse con
voluntad política, con recursos y con profesionales formados y sostenidos para hacer
este trabajo profundamente humano y profundamente urgente.
Ángel tenía cuatro años. Tenía toda la vida por delante. No podemos devolverle esa
vida. Pero podemos honrar su memoria construyendo el sistema de protección que él
—y todos los niños argentinos— merecen tener.
