En diálogo con Ahora Chaco, la abogada Ayelén Caffarena (35) advirtió que discutir la punibilidad desde los 13 o 14 años sin reformar el sistema completo es “combatir el fruto y no la raíz”. Señaló que Argentina arrastra una ley de minoridad de 1980, y remarcó que el foco debe estar en la inclusión, el rol de la familia, la prevención y el combate al reclutamiento criminal.
Por Redacción | Ahora Chaco
En medio del debate nacional por la posible baja de la edad de imputabilidad, la abogada Ayelén —especialista en abordaje legal y vinculada al trabajo territorial y eclesiástico— sostuvo que la discusión no puede reducirse a una cifra, sino que debe abrir un análisis profundo sobre el sistema vigente, la protección integral de la niñez y las políticas públicas necesarias para prevenir el delito.
La entrevista fue realizada por el periodista y pastor Darío Giménez, desde Sáenz Peña (Chaco), quien remarcó que una parte importante de la sociedad expresa apoyo a la baja de imputabilidad como respuesta ante crímenes cometidos por menores, pero que el tema exige un abordaje integral.
¿Es constitucional bajar la edad?
Consultada sobre la constitucionalidad del proyecto, Ayelén aclaró que la respuesta final la dará la Justicia, pero advirtió que el punto central es qué se debate y con qué marco normativo.
“Tenemos una ley vigente desde 1980, hecha en dictadura, que no se modificó de forma sustancial. En democracia, hace más de 35 años que el Congreso no logra dar un debate serio sobre el delito cometido por menores”, planteó.
La abogada recordó que, desde entonces, Argentina incorporó normas y reformas clave: la Convención sobre los Derechos del Niño, la reforma constitucional de 1994, la Ley de Protección Integral (2005) y el nuevo Código Civil y Comercial (2015). Sin embargo, el régimen penal de minoridad permanece con un enfoque antiguo.
13, 14 o 16: el número no resuelve el problema
En el intercambio se explicó que existen 12 proyectos distintos en discusión. El Gobierno nacional había impulsado inicialmente bajar a 13 años, pero en un dictamen de mayoría se acordó 14. Luego ese dictamen perdió estado parlamentario, y el Ejecutivo volvió a insistir con la iniciativa original.
En ese marco, Ayelén insistió: el debate no debe centrarse solo en la edad.
“El problema no es que el Estado intervenga. El problema es desde dónde interviene y qué propone. ¿Vamos a criminalizar la adolescencia o vamos a intervenir oportunamente para rescatar de entornos que promueven conductas delictivas?”, preguntó.
“Una ley sin poder es impotente”
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el contraste entre el impulso político de sancionar leyes y la falta de capacidad real del Estado para implementarlas.
“La ley sin poder es impotente y el poder sin ley es tiranía. Argentina no tiene un problema de leyes: tiene un problema de ejecución de las leyes”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que aprobar reformas sin instituciones preparadas, sin equipos técnicos, sin infraestructura y sin programas de reinserción solo deja “una palabra vacía”.
Reclutamiento: “Van a usar chicos más chicos”
Otro punto clave fue el fenómeno del reclutamiento criminal. Según Ayelén, si la punibilidad se fija desde los 13 años, las redes delictivas podrían responder captando niños aún menores.
“Si la imputabilidad es a partir de los 13, van a agarrar chicos de 10, 11 y 12 y los van a formar antes. En vez de combatir el nudo, combatimos el fruto”, señaló.
Comparaciones regionales: ¿sirven?
Durante la charla se mencionaron países donde la imputabilidad comienza antes que en Argentina. Ayelén sostuvo que el dato no debe usarse como argumento automático, sino como pregunta abierta:
“Tenemos un umbral más alto, ¿nos está funcionando o no nos está funcionando? Y si no funciona, ¿la respuesta debe ser el derecho penal, que es el último recurso?”, expresó.
Darío Giménez aportó un ejemplo: Brasil, pese a sus normas, sigue con altos niveles de violencia en favelas, lo que muestra que la ley por sí sola no elimina el problema.
Familia, Estado e Iglesia: responsabilidades compartidas
Ayelén remarcó que existe un corrimiento de responsabilidades donde todo se le exige al Estado, pero se pierde el rol del núcleo familiar.
“La responsabilidad primaria es de la familia. Los hijos no son del Estado. El Estado debe intervenir de forma subsidiaria, con políticas públicas y oportunidades, no con leyes que castiguen la pobreza”, dijo.
También cuestionó el doble discurso social y la indiferencia frente a proyectos comunitarios que trabajan en prevención: merenderos, talleres, oficios, arte y deporte.
Crueldad y fractura social
La entrevistada advirtió sobre el aumento de la crueldad en los delitos y lo vinculó con una crisis de valores sociales.
“Cada vez los crímenes tienen más crueldad, más despojo de humanidad. Nos tendríamos que replantear qué nos está pasando como sociedad”, reflexionó.
En esa línea, recordó que muchas veces la exclusión opera incluso antes del delito: estigmatización por barrio, por origen, por condición social.
“Cuando nacés en determinados lugares, ni siquiera te quieren tomar entrevistas de trabajo. Lo viví”, contó.
Iglesia: “No somos agentes de ayuda, somos agentes de transformación”
En el tramo final, el diálogo se trasladó al plano eclesiástico. Ayelén cuestionó la “demagogia” de discursos inclusivos sin acciones reales y planteó un cambio de paradigma:
“Tenemos que dejar de decir ‘vamos a ayudar’. Nosotros no somos agentes de ayuda: somos agentes de transformación. Transformar es estar con el otro, no sacarse la foto e irse”, sostuvo.
Y concluyó con una frase que impactó en el entrevistador y terminó dando título a su próxima prédica:
“Los niños abandonados serán devorados: por la droga, por las redes paralelas, por la violencia. Nadie va a justificar el delito, pero si no defendemos a los indefensos, renunciamos a nuestra identidad”.