Desde las 8 de la mañana de este viernes, Tucumán entró oficialmente en veda electoral, en el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025 que se realizarán este domingo 26 de octubre. La medida, dispuesta por la Junta Nacional Electoral, impone un silencio político y una serie de restricciones que regirán hasta tres horas después del cierre de los comicios.
Durante este período, queda prohibida toda actividad proselitista, así como la difusión de encuestas o sondeos sobre resultados electorales. También se limitan las reuniones públicas, el funcionamiento de locales nocturnos y la venta de bebidas alcohólicas, que estará vedada desde las 20 del sábado hasta pasadas las 21 del domingo.
El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) desplegará operativos especiales en toda la provincia para controlar el cumplimiento de las normas, mientras que la Policía de Tucumán trabajará en coordinación con el Comando Electoral Nacional. “Habrá recorridos preventivos y controles en los accesos a escuelas”, indicó el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.
Además, desde la medianoche del domingo estarán prohibidas las reuniones sociales o familiares, tanto en domicilios particulares como en salones de eventos. Los bares y locales recreativos podrán funcionar solo hasta las 24 del sábado.
Qué está prohibido durante la veda electoral
Durante el período de veda, los ciudadanos deberán cumplir con las siguientes restricciones:
- No realizar actos públicos ni espectáculos al aire libre o en espacios cerrados.
- No portar banderas, distintivos o símbolos partidarios.
- No entregar boletas a menos de 80 metros de los lugares de votación.
- No vender ni consumir alcohol en lugares públicos desde 12 horas antes de la elección.
- No publicar encuestas ni proyecciones electorales.
- No realizar propaganda política en medios, redes o vía pública.
Las multas para los ciudadanos que violen la veda electoral pueden llegar a los $100.000, e incluso contemplan detenciones de hasta 15 días. En el caso de los partidos políticos, quienes realicen actividades proselitistas durante la restricción pueden perder el financiamiento público por hasta cuatro años.
Fuente: GN Noticias