El motivo principal de la suspensión es la necesidad de que el Congreso determine fuentes de financiamiento y que se asignen las partidas necesarias en el presupuesto nacional.
Se estima que su implementación demandará un costo fiscal muy elevado: para 2025 se prevé un gasto adicional superior a los 2 billones de pesos, y para 2026 aún mayor, lo que supone una porción significativa del Producto Bruto Interno.
Por lo tanto, a pesar de que la ley ya está oficialmente promulgada, su puesta en marcha real depende de que se definan los recursos necesarios y se reflejen en el presupuesto. Hasta entonces, los derechos y medidas que contempla la ley no comenzarán a aplicarse plenamente.
Fuente: TN
