María Valoy es tucumana, pero vive en Corrientes hace 13 años. Cuando llegó a la ciudad de Ituzaingó no tenía planeado dedicarse a la lucha continua contra la trata de personas, pero los pedidos de ayuda y acompañamiento se le fueron acumulando motivados por la desconfianza en las autoridades locales y el terror que infunde en las víctimas el poder que tienen sus victimarios.
Con más de una década de actividad, su trayectoria ofrece un pantallazo inquietante de las redes de
, pedofilia, abuso y encubrimiento que operan silenciosamente en la provincia donde desaparecieron a Loan Peña y que, tanto en Corrientes como en el resto del país, explotan mujeres y niños a diario, pese al optimismo que ostenta el Ministerio de Seguridad: aún irresuelto el caso del niño, Patricia Bullrich arriesgó ayer que en 2024 hubo “cero secuestros” para el tráfico y la explotación.
El mismo año de su llegada, en 2011, María Valoy se enteró de que un juez de menores abusaba de los niños y adolescentes que tenía a su cargo. El magistrado se valía de la vulnerabilidad de sus víctimas para presionarlas, ofrecerles dinero, llevárselas a moteles, sitios apartados de la ciudad e incluso su casa y concretar el abuso. Los chicos, que tenían entre 12 y 15 años, relataron sus padecimientos y establecieron conexiones entre ese juez, llamado Walter León Turraca Schou, y otros hombres de relativo poder en la ciudad que también abusaban de ellos: un tal comisario Benítez y un cura de nombre Teófilo, además de un profesor apodado Yuyito.
Al juez Turraca “lo pudimos llevar a juicio, gracias a Dios”, se contenta María, esbozando su fe cristiana. El proceso culminó en 2020 con una condena a 28 años de cárcel.
El acompañamiento que ofreció a las víctimas de trata sentó un precedente clave: Valoy ganó reconocimiento y, en poco tiempo, su Fundación A Salvo se perfiló como un espacio de denuncia mucho más seguro que las comisarías locales.
Fue así como terminó desempeñando un rol decisivo en la reciente detención de Sixto Omar “Yacaré” Fernández, un reconocido dirigente del Partido Liberal acusado por el delito de explotación sexual y tenencia de pornografía sobre abuso sexual en la infancia. “La mayoría de las veces que yo me enteré de la existencia de focos de explotación sexual fue a partir de una charla de prevención. Después, en este caso, la madre de una de la víctimas se acercó a pedirme ayuda, porque ya me conocía”, reconstruye.
La mayoría de las veces que yo me enteré de la existencia de focos de explotación sexual fue a partir de una charla de prevención
Fernández explotó “a muchísimas mujeres” de Ituzaingó, asegura la activista. En este momento, acompaña solamente a una de ellas porque al resto le cuesta animarse a hablar: “Está en una situación de pobreza extrema y no hay ningún tipo de apoyo del Estado. No tiene agua, no tiene baño, no tiene luz y no se cumple la ley de protección a las víctimas en ningún sentido”, reprocha.
Tanto Valoy como los investigadores sospechan que el “Yacaré” actuó en complicidad con otras personas, porque “es imposible que un hombre de 70 años sea el único operador de semejante red”. Como en el caso del juez de menores, el modus operandi del dirigente liberal se apoyaba en la pobreza y vulnerabilidad de las víctimas: “Las compraba con mercadería, con medicamentos. Por ejemplo, él tenía una cuenta en un supermercado de la ciudad y las víctimas que eran explotadas sexualmente por él iban a sacar mercadería a su nombre”.
En su omnipresencia, el miedo también alcanza a los medios locales: María Valoy, quien fue ella misma blanco de graves amenazas contra sí y su familia, relata que los periodistas correntinos que la contactaron por el caso de Sixto Fernández terminaron optando por el silencio: “Estamos censurados”, le dijeron. “Imaginate que los diarios de Corrientes tardaron como 10 días en sacar la noticia cuando ya había salido a nivel nacional”, ilustra.
Los abusos y la prostitución de mujeres y niños no son, sin embargo, una práctica exclusiva de los funcionarios judiciales y dirigentes políticos. Tampoco de los policías, aunque es frecuente que los comisarios abusen sexualmente de sus subordinadas. Ituzaingó es una localidad turística y, como tal, ofrecía a los hombres que la visitaban la posibilidad de alquilar cabañas, con explotación sexual de mujeres incluida.
Imaginate que los diarios de Corrientes tardaron como 10 días en sacar la noticia cuando ya había salido a nivel nacional
“La gente no se animaba a contar lo que estaba pasando y me decía a mí para que yo denuncie. Así logramos desbaratar una red que operaba con una mujer brasilera que traía mujeres acá y a otras localidades como Itá Ibaté, que es una localidad vecina, para los turistas de la pesca”. La proxeneta, identificada como Rita Zapf de Cassia, coordinaba la explotación con los dueños de las cabañas y hoteles y con un grupo de remiseros encargados de trasladar la cantidad de mujeres que demandaran los turistas.
A la vulnerabilidad, la pobreza y el involucramiento de funcionarios -con el miedo que eso genera- se suma el constante incumplimiento de la
y otras normas que amparan a las víctimas, pero María Valoy insiste. Desde su lugar de concejala de Ituzaingó, hizo “una propuesta que se aprobó en el Concejo Deliberante la semana pasada, para que toda la gente que esté en turismo, tanto en lo que es transporte como hotelería, esté capacitada en trata y pueda detectar una víctima de manera temprana”, explica.
No se ahorra las menciones a la angustiante ausencia de Loan Peña, que para ella es una clara evidencia de la deficiencia del Estado en lo que hace al abordaje y combate de la trata de personas. “A pesar de que el caso Loan resonó, no hay un cambio sustancial”, lamenta y recalca la importancia de que la sociedad en general “denuncie cuando sabe algo y deje de tener miedo de hablar”. “No es sólo decir ‘qué horror, Loan desapareció, qué bárbaro’. Todos podemos poner nuestro granito de arena generando conciencia y denunciando”, concluye.
Fuente: Diario Con Vos
