Este lunes en todo el país, con la vuelta a clases en las últimas cuatro jurisdicciones –la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero– se desarrollará un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), al que el Gobierno anunció que responderá con la aplicación de la ley de modernización laboral, que declara esencial a la educación: realizará por primera vez inspecciones en escuelas para garantizar el dictado de clases.
Según difundió el Ministerio de Capital Humano, harán una “inspección muestral” en escuelas de todo el país para verificar que los gremios cumplan con la cobertura del 75% por tratarse de un servicio esencial, como declararon con la reforma laboral. “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, indicaron.
“Va a haber muestreos y en función de eso, si se comprueba el incumplimiento de la ley, se analizarla la aplicación de multas a los gremios involucrados”, indicaron desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ante la consulta realizada por el diario La Nación y agregaron que serán sanciones económicas. Estarán a cargo de inspectores de esa dependencia, que depende de Capital Humano, aunque los voceros no confirmaron si serán en todo el país.
Este domingo, la cartera a cargo de Sandra Pettovello informó que se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación para coordinar la inspección y las “acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases” en todo el país. “La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, señaló el ministerio de la red X.
El sábado, habían apuntado que el Poder Ejecutivo cuenta con la potestad de supervisar el cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. “La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y, a la vez, el gobierno nacional es el garante del derecho de la educación de la ciudadanía”, marcaron mediante el comunicado también difundido en la red social X y retuiteado por el presidente Javier Milei, que anunciaba que iban a supervisar el cumplimiento de la ley.
La Ctera anunció el paro el miércoles pasado “ante la grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el gobierno nacional”. Sostuvieron que la decisión responde a la negativa del Poder Ejecutivo a concretar la paritaria nacional docente.
Piden una convocatoria urgente junto con aumento salarial, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) –componente del salario de los docentes que paga la Nación y representa entre el 10% y el 15%–, una nueva ley de financiamiento educativo y mayor inversión en infraestructura escolar, comedores y becas. Rechazan, además, la reforma jubilatoria y la ley de libertad educativa que presentó el Gobierno, consignó el diario La Nación.
“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, señalaron en el comunicado difundido.
A la vez, los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) informaron la semana pasada que comunicarán este lunes a las 14 en conferencia de prensa “el plan de lucha” para agosto en todos los establecimientos educativos del país por la “grave situación” que atraviesa la educación argentina en “materia de salarios e inversión”.
“Vamos a acatar lo que dice la ley, no vamos a hacer paro. Sí vamos a hacer otras medidas, que vamos a anunciar mañana [por hoy], expresando lo mal que está el sistema educativo argentino y que van a abarcar todo el mes de agosto. Es muy probable que terminemos en una gran movilización, que resta definir el lugar”, adelantó al diario La Nación. Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT.
La postura del Ministerio de Capital Humano es descentralizar las paritarias hacia las provincias, al considerar que son las verdaderas empleadoras de los docentes y consideran que es competencia de las provincias la negociación salarial.
A través del Decreto 341/2025, oficializaron esa postura en mayo del año pasado: modificaron el esquema previsto por la ley para dejar en manos del Consejo Federal de Educación y de los sindicatos con representación nacional el acuerdo sobre condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente.
Pero luego, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo admitió una acción de amparo presentada por la Ctera y suspendió el decreto del Presidente para excluir al Estado de la negociación salarial docente.
La última reunión de paritarias fue el 8 de abril de este año, cuando el Gobierno ofreció como piso salarial $650.000 para abril y $700.000 para mayo, oferta que fue rechazada por los gremios.
Fuente: Análisis Digital
