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Economía

Más de seis millones de usuarios cambiarán de empresa de telefonía tras la venta de Telefónica

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La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) aprobó a Metrotel como adquirente de los clientes que Telecom deberá ceder como condición para concretar la compra de Telefónica. La medida alcanzará a unos 6 millones de usuarios de telefonía móvil y cerca de 200.000 clientes de internet fijo en distintas zonas del país.

La decisión marca el ingreso de Metrotel al mercado residencial de telecomunicaciones. Hasta ahora, la empresa se encontraba principalmente enfocada en servicios corporativos y mayoristas a través de su red de fibra óptica.

La cesión de clientes forma parte de las condiciones impuestas por la ANC para evitar una concentración excesiva del mercado tras la adquisición de Telefónica por parte de Telecom. Del total de usuarios móviles que deberán ser transferidos, unos cuatro millones corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dos millones al resto del país.

Además, Telecom deberá transferir clientes de internet fija en aquellas localidades donde, como consecuencia de la operación, su participación minorista supere el 50%.

Los usuarios podrán elegir

La transferencia no significa que los clientes estén obligados a permanecer con Metrotel. Una vez concretado el traspaso, quienes no quieran continuar con el nuevo proveedor podrán cambiarse a otra compañía de telefonía móvil.

En el caso del servicio de internet fijo, las alternativas dependerán de la cantidad de empresas disponibles y de la cobertura existente en cada localidad.

Ahora, Telecom y Metrotel deberán negociar el precio de la cesión de los clientes y posteriormente presentar el acuerdo definitivo ante la Autoridad Nacional de la Competencia para su aprobación.

Según la ANC, las medidas buscan evitar que la operación deje cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones bajo el control de un solo grupo económico y permitir que el mercado mantenga opciones para consumidores y competidores.

La operación de Telefónica había generado cuestionamientos por parte del Gobierno y de la propia Telecom respecto de las condiciones impuestas, aunque la empresa continuó con el proceso y no recurrió judicialmente las medidas establecidas por el organismo de competencia.

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