La Justicia federal avanza sobre un presunto desvío de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sostiene que al menos US$50 millones generados en el exterior nunca habrían llegado a los clubes.
Esa cifra surge del análisis de transferencias realizadas a través de una serie de sociedades que, según el expediente, no registran una actividad económica clara y habrían sido utilizadas para recibir y mover dinero recaudado fuera del país.
El monto bajo sospecha se compone de transferencias a cinco firmas: Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Velp LLC (US$ 3 millones), Velpasalt LLC (US$ 14,7 millones) y Dicetel (US$ 4,8 millones).
En conjunto, los investigadores estiman que esos US$50 millones forman parte de un circuito que está siendo reconstruido en sede judicial.
La causa es instruida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona.
En una de las últimas resoluciones, el magistrado ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios (cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, con sus respectivos extractos históricos) correspondientes a TourProdEnter LLC y a las sociedades Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
TourProdEnter LLC, del empresario Javier Faroni, aparece señalada en el expediente como la empresa que administró y recaudó fondos de la AFA en el exterior, por un total aproximado de US$260 millones.
Según la investigación, esos ingresos se habrían generado a través de contratos de partidos amistosos de la Selección Argentina, acuerdos con Adidas y el servicio de streaming AFA Play. Parte de ese dinero es el que ahora se busca rastrear para determinar su destino final.
Desde el Banco Coinag aclararon que la entidad “no forma parte de la causa” y remarcaron que “las actividades del Banco Coinag siempre se han desarrollado en estricto cumplimiento de las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”. En la misma línea, señalaron que el oficio recibido “es un requerimiento normal que se contestará”.
No obstante, en el expediente consta que una declaración testimonial del propio banco permitió establecer que se había utilizado una certificación contable falsa.
Según se determinó en sede judicial, ese documento (atribuido a un contador) fue presentado para la compra de vehículos y no había sido emitido por la entidad bancaria, extremo que quedó acreditado en la investigación.
El avance judicial no se limita al circuito internacional. En paralelo, el juez Armella ordenó un peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield y del fideicomiso asociado a la institución.
La medida se inscribe en la misma causa que investiga el funcionamiento de Sur Finanzas, una financiera acusada de montar un esquema de préstamos a clubes del fútbol argentino con tasas calificadas como “usurarias”.
Según consta en la causa, esos préstamos se habrían otorgado a cambio de derechos de televisación y el mecanismo habría contado con aval, permiso o recomendación de la AFA. En ese marco, la Justicia también requirió información sobre la relación entre Banfield y Sur Finanzas.
El listado de personas físicas alcanzadas por los pedidos de información bancaria incluye a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y empresario cercano a Claudio “Chiqui” Tapia; su madre, Graciela Vallejo, presidenta formal de la compañía; Agustín Vallejo; y otros nombres mencionados en el expediente como Oscar Fabián Tucker, María Fernanda Sena Argis, Ignacio Javier Uzquiza, Bárbara Castelli y Federico José Spinosa. También figura Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield.
Además, los investigadores analizan documentación vinculada a la transferencia del futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo FC de Brasil.
De acuerdo con lo incorporado al expediente, se investiga si esa operación se habría concretado mediante una operatoria con criptomonedas y si existió una presunta falta de declaración en la Argentina, una modalidad que puede dificultar la trazabilidad de los fondos.
Mientras tanto, la causa sumó en las últimas horas una batería de nuevas medidas, entre ellas acciones procesales sobre Javier Faroni, titular de TourProdEnter.
El objetivo, según fuentes judiciales, es reconstruir el recorrido del dinero y determinar si los fondos generados por la Selección y otros activos de la AFA efectivamente ingresaron al sistema local y llegaron a los clubes o si quedaron en estructuras intermedias en el exterior.
Fuente: TN