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domingo, mayo 26, 2024

La Justicia procesó por corrupción al rector de la Universidad del Chaco vinculado a Jorge Capitanich

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El juez federal Aldo Alurralde además embargó a Germán Oestmann por 100 millones de pesos.Lo acusan de integrar una asociación ilícita que desviaba fondos públicos destinados a la Universidad.Esa institución le entregó un Doctorado Honoris Causa a Cristina Kirchner en 2022.

El rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCAUS) y hombre de confianza del ex gobernador Jorge Capitanich, Germán Oestmann, fue procesado por la presunta comisión de los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos del Estado nacional que debían destinarse al centro de estudios.

El juez federal Aldo Alurralde procesó a Oestmann junto a otros 17 directivos y empleados de la universidad, fundaciones, empresarios y allegados, todos sindicados como integrantes de una asociación ilícita destinada a desviar recursos remitidos por el Estado nacional a la UNCAUS a través de fundaciones y empresas creadas por ellos, a cargo de familiares y allegados.

La resolución dictada por el juez Alurralde establece un embargo por 100 millones de pesos a cada uno de los procesados, a los que también prohibió salir del país y conminó a presentarse ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña el primer día hábil de cada mes como expresión de estar a derecho.

El proceso fue derivado de la investigación que condenó, entre otros, al ya fallecido ex rector Omar Vicente Judis y a su hijo, Enzo Judis. En ese sentido, el fiscal apuntó a la relación personal que existía entre ellos y mencionó el trabajo de Oestmann como su abogado, y el rol de Omar Judis como secretario de Actas del Consejo Superior Universitario.

En la resolución, se destacó la “diversificación” de la actividad ilícita en esta nueva etapa, en la que surgieron más fundaciones, y advirtió la comisión de otros delitos, como lavado de activos. Además, se refirió a la aparición de nuevos actores, que se suman a los “sucesores” de Judis y a las fundaciones UNCAUS y Educación para Todos.

Para el fiscal no hay dudas de que los investigados actuaron ilegalmente bajo el paraguas de la UNCAUS a través de ambas fundaciones que continuaron funcionando, sumadas a las nuevas fundaciones Sin Dolor y Recursos Naturales.

Al describir la trama, el juez adhiere al planteo que indica que la UNCAUS firmaba convenios con estas fundaciones para evitar o, al menos, dificultar los controles del Estado sobre el manejo de fondos.

Estas organizaciones no tenían espacio físico ni estructura propia, sino que funcionaban dentro de la misma UNCAUS, utilizando sus oficinas, personal y docentes. De todas formas, actuaban como instituciones privadas, ya que aunque estaban destinadas a colaborar con la Universidad y estaban comprendidas en el mismo presupuesto, cobraban por sus servicios.

La investigación advirtió la triangulación de fondos a través de transferencias entre las fundaciones, y hasta con algunos de los implicados que integraban una fundación y facturaban servicios a otras. Muchas de estas operaciones no tenían respaldos administrativos o eran deficientes y, además, los balances de las fundaciones estaban auditados por los contadores de otra, por lo que el contralor era recíproco.

“Las Fundaciones eran las personas jurídicas ideales para triangular dinero, ya que se rigen por un régimen legal distinto; no les es aplicable la Ley de Educación Superior; no cuentan con controles de su gestión por parte del Estado Nacional a través de sus diferentes organismos como la SIGEN, AGEN o el Ministerio de Educación; no son objeto de auditorías; y se encuentran exentas en materia impositiva, entre otros beneficios”, aseguró el juez, apelando al antecedente de la causa que terminó en la condena a Judis.

Vale recordar que, en 2022, Cristina Fernández de Kirchner recibió el Doctorado Honoris Causa Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), casa de estudios controlada por el entonces gobernador Jorge Capitanich, cuando ya el propio Oestmann enfrentaba varias causas en la Justicia por lavado de dinero, amenazas, coacción, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público.

Más procesados

Germán Oestmann y los secretarios administrativos Luis Pugacz y Lugas Stegagnini; la directora de la Unidad Médico Educativa, Natalia Judis; los presidentes de la Fundación UNCAUS Manuel Ricardone y Jorge Alcántara; el vicepresidente José Yarros; el vocal Cristian Vizgarra; los tesoreros Marcelo Marinich y Sandra Bondar; y los directivos de la Fundación Recursos Naturales y empleados de la UNCAUS Juan Domínguez, Jonatan Gal, Dora Loto y Pedro Mijalec, todos por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, y asociación ilícita.

También aparecen procesados el delegado rectoral, fundador de la Fundación Sin Dolor, director de la empresa Septiembre SA y director de la ISSUNCAUS, Juan Marcelo Sang; el cotitular de la cuenta bancaria de la obra social y contador de Septiembre SA y de la Fundación Educación Para Todos, Ricardo Salín; María Del Giorgio, presidente de la Fundación Educación Para Todos, cargo que también ocupara Alcántara; y la vicepresidente de la Fundación UNCAUS, Carla Palacios, todos por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y asociación ilícita.

Por otro lado, el juez dictó la falta de mérito para Mario Nadelman, funcionario de la UNCAUS investigado por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y lavado de activos, en concurso real, más asociación ilícita en calidad de partícipe necesario. Esto, sin perjuicio de continuar la investigación.

Fuente Clarín

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