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lunes, abril 15, 2024

La Justicia anuló el DNU de las telecomunicaciones que había firmado Alberto Fernández

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Declaraba como «esenciales» los servicios de telefonía, cable e Internet. La jueza Cecilia De Negre afirmó que esos cambios deben pasar por el Congreso.

La jueza Cecilia De Negre declaró nulo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaraba servicios públicos esenciales y congelaba los precios de Internet, la telefonía y la TV paga, ya que esa normativa impuso condiciones que restringían la prestación de esos servicios en condiciones de competencia y los cambios en la normativa deben pasar por el Congreso de la Nación.

Hasta ahora había varias medidas cautelares que suspendían temporariamente su implementación para las principales empresas del sector. Pero el fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal es el primero que lo declara nulo, para la empresa Telecom, al abordar la cuestión de fondo del DNU 690, que dictó el presidente Alberto Fernández en agosto de 2020.

La jueza De Negre planteó en su fallo que, «al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional».

En ese mismo sentido, la jueza sostuvo que «disponer que una actividad económica se declare como servicio público también requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso, quedando vedado al Poder Ejecutivo la utilización de un DNU para ese fin».

De hecho, pese a la pandemia de coronavirus, el Congreso estaba funcionando en 2020. La cámara de Diputados tuvo 15 reuniones y la de Senadores realizó 26 reuniones a lo largo de ese año.

El nuevo fallo judicial sostuvo que el DNU cambió la ecuación jurídica y económica de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, ya que al ser un sector que estaba en competencia se afectaron sus ingresos y se comprometió la prestación de dichos servicios, sobre todo al existir otras herramientas alternativas para garantizarlos, como el Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

La jueza planteó que el Estado Nacional «cuenta con los medios y con la posibilidad jurídica y técnica de implementar sistemas de prestación básica y universal, a los fines de consecución de los objetivos propuestos, disponiendo de medios existentes como el Fondo Fiduciario del Servicio Universal aportado por los prestadores de servicios TIC; el sistema Arsat; programas de acceso a conectividad llevados a cabo por el Ministerio de Educación, Secretaría de Innovación yel ENaCom, o implementando nuevos emprendimientos» que garanticen el acceso a servicios de telecomunicaciones a toda la población en la Argentina.

Fuente Diario Norte

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