El Ejecutivo ya concretó la firma de Raúl Jalil (Catamarca) y de Osvaldo Jaldo (Tucumán) con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. Hay algunas provincias que aprobarán la aplicación del nuevo esquema a través de un trámite digital, sin una reunión presencial entre funcionarios.
En la Casa Rosada cuentan con que Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) no adherirán al sistema y aseguran que los sancionarán con la negativa de compartirles datos fiscales. Lo mismo sucederá con los bancos que no se plieguen: el oficialsimo sostiene que les aplicará multas.
El equipo económico apunta a que las provincias les garanticen pública y operativamente a sus habitantes que no solicitarán la información sobre sus consumos personales y patrimonio en línea con la suscripción del régimen, que tendrá vigencia a partir del 1 de junio. “La gente se va a poder adherir con un solo click”, explicó el titular del fisco en conferencia de prensa.
La Casa Rosada convocará también a comprometerse con la aplicación del nuevo régimen simplificado de Ganancias a Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passaslacqua (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan).
El esquema que anunció ARCA contempla topes de $50.000.000 para transferencias de individuos, de $10.000.000 para extracciones y para compras informales sin requisitos de presentación de papeles y de $100.000.000 para tenencias en sociedades de bolsa y para plazos fijos. La mesa política de Balcarce busca conseguir también el apoyo de los gobernadores para el tratamiento del proyecto que enviarán al Congreso en los próximos días.
El Gobierno tenía previsto anunciar esta semana la presentación de la iniciativa que modifica la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal, pero lo postergó por la falta de definición en detalles técnicos. En Nación aseguran que lo comunicará el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de una conferencia de prensa.
El Ejecutivo propondrá elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito para promover el uso de los “dólares del colchón”. Intentará también reducir los cinco años de prescripción penal para delitos tributarios. Se trata del plazo en que el fisco puede juzgar hacia atrás la evasión. Los cercanos al presidente sostienen que intentarán establecerlo en tres años.
El proyecto no incluye cambios sobre la Ley Penal Cambiaria, que fija como ilegal la compra de moneda extranjera en el mercado informal.En el oficialismo argumentan que si lo hacen antes puede “perjudicar” la liquidación de exportaciones junto con la secuencialidad del programa económico y sostienen que impulsarán la reforma en 2026.
La mesa técnica del presidente no trabaja en modificaciones a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y no tocará las atribuciones de investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Mantienen la postura de que el paquete de medidas cumple con los lineamientos que fija el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Fuente: TN