Una fuerte polémica se desató en Resistencia, Chaco, luego de que una mujer que trabaja en el Poder Judicial provincial y que había denunciado irregularidades en los casos de maltrato laboral fue trasladada por la fuerza al área de Salud Mental del Hospital Perrando, restringida y sedada contra su voluntad. Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron cómo las fuerzas de seguridad rompieron la puerta de su casa para trasladarla al hospital. La mujer identificada como Gabriela Casa se encuentra en perfecto estado de salud, continúa internada y depende de la decisión de la Justicia para que le otorguen el alta, según aseguraron autoridades del hospital.
Según el ministro de Salud provincial, Sergio Rodríguez, la internación forzosa entraría dentro del protocolo de internación involuntaria, parte de la Ley de Salud Mental que fue modificada dentro de la Ley Bases. Aún así, el abogado de Casa, Alejandro La Regina, aseguró que no hay “ninguna autorización para llevar adelante el operativo”.
Según los diarios locales El Diario Chaco y La Voz del Chaco, la mujer trabaja como escribiente en la Mesa Informatizada, que se encuentra bajo la órbita de la Defensoría Oficial había denunciado irregularidades administrativas en estos casos y, tras la denuncia, se había tomado licencias médicas debido a su salud mental y estrés. Según la directora del Hospital Perrando, María Laura Lescano, Casa tenía un historial de tratamiento del servicio de salud mental desde hace tres años. Aún así, comentó en diálogo con Alerta Urbana que era una paciente ambulatoria con seguimiento y que el alta se determinará en conjunto con el médico tratante y el Poder Judicial.
El hecho que conmocionó a Chaco ocurrió el 7 de octubre. Un grupo de efectivos de fuerzas de seguridad se acercaron a la casa de la abogada en el barrio Provincias Unidas a retirarla de las inmediaciones y trasladarla al hospital. En medio del caos, periodistas locales se acercaron a la reja de su casa, donde Casa se encontraba del otro lado contando su situación. “Yo esto lo sufrí en mi trabajo. Yo trabajo en el Poder Judicial, soy abogada, trabajo en la Defensoría General. Empecé a decir que hubo irregularidades, y la última vez hice un reclamo laboral cuando sentía que estaban extendiendo el tiempo de investigación para saber si hubo o no violencia laboral. Ahí me sacaron del trabajo”, comentó en diálogo con los medios, y agregó: “Pido que me informen cuál es el motivo por el que justifican que estén acá, pero no me lo dicen”.
Unos minutos antes, Casa había denunciado que no era la primera vez que ella había sufrido una internación debido a este conflicto. “Fue una internación involuntaria, sin abogados, bien arbitrario. Yo pedí una licencia, me fui a una psicóloga. Nunca había ido, y a un psiquiatra menos. Tuve que hacer un tratamiento para sacarme de la internación. Todas las intervenciones que sufrí, las sufrí en Salud Mental. A mí no me dieron medicación hasta que la doctora Alcalá hizo una llamada. Ahí me llenaron de inyecciones, pastillas, me tuvieron en cama tres días sin celular. Me pusieron un suero, no me dejaban parar ni nada”, relató Casa a ContenidosNet.Ar.
Tras esa situación, los efectivos quitaron a los periodistas y la gente que se encontraba en el medio para derribar la reja y el portón. En un violento accionar, tiraron abajo ambos para ir a buscar a la abogada. En otro video que se ve desde afuera, cuando los efectivos ya ingresaron, se escucha un grito proveniente desde adentro de la casa. “Yo sufrí hostigamiento”, había dicho antes Casa.
El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, sostuvo en el operativo que “la policía procedió al ingreso conforme el artículo 213 al allanamiento sin orden, una excepción a la regla”. “Se produjo la internación involuntaria de la paciente por criterio médico de salud pública y a pedido de la defensora oficial”, sostuvo en diálogo con NG Federal. La defensora oficial es Alicia Alcalá, a quien Casa denuncia por las irregularidades.
El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, habló con NG Federal y dijo que se cumplió con el protocolo de internación involuntaria. También aseguró que la decisión se tomó luego de reuniones con Alcalá, las fuerzas de seguridad y el órgano revisor. ”Se trabajó en conjunto con la Justicia, las fuerzas de seguridad, y el equipo médico demostró que era necesaria la internación. Los contactos cercanos habían hablado con el equipo de salud y se tomó la decisión. Yo creo que el protocolo se cumplió”, explicó, y añadió: “Había tenido una reunión con la doctora Alcalá, con todas las fuerzas. Habíamos tenido la reunión con el órgano revisor. Posteriormente los equipos de salud se comunican con el órgano personal y con la familia de las personas internadas”.
Aún así, Alcalá negó en declaraciones públicas que haya pedido la orden de traslado en diálogo con el canal local. “Yo desconozco qué dicen los vecinos y su hermano [de Casa]”, señaló. También detalló que es la tercera internación que sufre Casa. “Yo no di ninguna orden. No puedo ordenar la intervención. Yo solicité que se active el protocolo y las autoridades de salud y seguridad evalúan la situación en ese momento”, declaró.
Mientras tanto, el abogado de Casa también dialogó con el canal local y aseguró que el traslado fue ilegal: “Nosotros no vimos ninguna autorización para llevar adelante este operativo. Estuvo presente una escribana que labró un acta, y lo único que había en ese momento era una copia de un oficio, que estaba en el marco de un expediente administrativo por cuestiones de licencia de salud de la Sra. Casa”.
El hermano de Casa, Benjamín, afirmó que ella “era una buena chica” y que “no iba a los extremos de hacerse o hacerle daño a los demás”. Su hermano también denunció que durante el traslado dos policías la tomaron del brazo y que la sedaron para trasladarla con mayor facilidad. En uno de los videos se ve cómo un efectivo la alza en brazos para subirla a la camioneta de traslado.
El director del Órgano de Control Institucional de Chaco, Ricardo Urturi, aseguró que los policías que participaron del operativo serán investigados, aunque no aquellos que emitieron la orden.
Fuente: La Nación