En la misma medida que puso fin a las nuevas incorporaciones al plan Potenciar Trabajo (decreto 728/2022), el Gobierno promovió en favor de las “Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular” el otorgamiento del 30% de la obra pública, bajo la modalidad de contratación que corresponda para montos de $300 millones o menos. Este monto será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de las cooperativas.
Además, se instruyó a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar como parte de la evaluación de oferentes para la obra pública un margen de preferencia para aquellos que acrediten tener un 5% de sus trabajadores vinculados a través del programa “Puente al Empleo”, una iniciativa del Gobierno para “transformar planes sociales en trabajo genuino”.
En la medida, el Gobierno justifica la decisión por la necesidad de reducir el desempleo y fomentar políticas de inclusión. “La limitación de las incorporaciones viene acompañada de un direccionamiento de recursos para unidades de gestión productiva, con el objeto de incrementar las transferencias destinadas a la adquisición de bienes de capital, las que hoy se canalizan a través de diversos programas o componentes de los mismos”, figura entre los considerandos.
Una fuente conocedora de los movimientos sociales explicó que esta medida apunta a, entre otro tipo de obras, aquellas de mejoramiento en barrios populares. Es decir que las agrupaciones tendrán control sobre a quiénes contratan para la realización de intervenciones en los mismos lugares donde militan políticamente.