El Gobierno prepara un paquete de cuatro reformas estructurales y siete proyectos que buscará priorizar durante las sesiones ordinarias, que comienzan el 1 de marzo. Javier Milei no tiene listo el discurso que dará en el Congreso, pero tiene previsto celebrar las iniciativas tratadas en extraordinarias y fijar el rumbo de la agenda legislativa.
El Ejecutivo definirá esta semana la planificación y la secuencialidad del tratamiento de los proyectos para este año. Mientras que en algunos sectores de Nación aseguran que apuntan a darle centralidad a modificaciones de fondo, en otros espacios internos advierten que hay otras “urgencias”. “Vamos a intentar fijar una agenda ambiciosa”, expresan.
En la Casa Rosada remarcan que la primera semana de marzo intentarán votar la Ley de Financiamiento Universitario junto con la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, en caso de que el texto logre media sanción esta semana en el Senado. Ubican en el mismo rango de importancia a los cambios que intentarán aplicar sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En Balcarce 50 argumentan que luego buscarán ratificar el acuerdo comercial con los Estados Unidos junto con la adhesión al Consejo de Paz, que impulsó Donald Trump. El presidente enviará también en marzo al Congreso el tratado entre el Mercosur y Singapur, que se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica, que preside María Ibarzabal.
El Gobierno tiene en segundo orden un proyecto con modificaciones sobre la Ley de Salud Mental para habilitar a los jueces a autorizar hospitalizaciones. En Nación rechazan por el momento el envío de una iniciativa para flexibilizar el otorgamiento de créditos en dólares a personas y empresas que no generan divisas. “Se avanzó para hacerlo por decreto, pero se frenó”, agregan.
El Ejecutivo remarca luego como eje de prioridad la reforma del Código Penal, que incluye endurecimiento de penas, incorporación de delitos digitales y nuevas herramientas contra el crimen organizado. No está previsto que incluya cambios sobre la figura de femicidio ni sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En la Casa Rosada también le dan centralidad a la reforma tributaria, pero advierten que no cuentan por el momento con una estrategia para impulsarla y que es probable que se dilate. En varios despachos oficiales mencionan un pacto fiscal con provincias como una posibilidad fuerte para impulsar una baja de impuestos coordinada.
En Balcarce 50 trabajan además sobre una reforma política que elimine las PASO, modifique el esquema de financiamiento partidario y realice cambios sobre la Boleta Única de Papel (BUP). Lo mismo aplica para una nueva Ley de Seguridad Nacional, que busca redefinir las atribuciones de Seguridad, Inteligencia y Defensa.
Fuente: TN