Ante el tratamiento legislativo en el Congreso de la Nación del proyecto de una nueva Ley Penal Juvenil, desde ACIERA consideramos fundamental la promulgación de una norma acorde a la realidad actual, dado que la legislación vigente ha quedado obsoleta.
Es necesaria una adecuación de la edad de imputabilidad que sea compatible con los estándares internacionales y el contexto de la región. Los hechos delictivos cometidos por niños, niñas y adolescentes dejan al descubierto las falencias del Estado y de la sociedad para prevenir y atender adecuadamente estos casos.
Nos solidarizamos con quienes sufren las consecuencias de estos delitos. Sin embargo, entendemos que la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema —social, económica, educativa y familiar— y que apunten a la reinserción social. Es imperativo intervenir tempranamente en la trayectoria delictiva, trascendiendo la mera sanción retributiva.
Debe ser una prioridad la adecuación de las instituciones y espacios físicos donde los niños, niñas y adolescentes serán reencauzados, garantizando que no sean derivados a cárceles comunes. El Estado, en sus niveles nacional y provincial, debe asegurar las partidas presupuestarias para infraestructura, recursos profesionales y el acompañamiento de la sociedad civil, contemplando la dimensión espiritual en el proceso de recuperación.
En este marco, valoramos la incorporación de figuras jurídicas modernas que atiendan de manera específica esta realidad, tales como las medidas alternativas a la pena.
Más allá de lo legislativo, consideramos medular atender la «orfandad social», el consumo precoz de sustancias y la desvalorización de la vida. Para ello, es urgente un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la efectiva implementación de la educación preventiva en las escuelas.
Como iglesias evangélicas, reafirmamos nuestra fe en el poder transformador del Evangelio y nuestra disposición para intensificar la labor con las familias y la niñez. No obstante, el éxito de cualquier reforma dependerá de la articulación obligatoria entre Justicia, escuela y familia, junto a mecanismos de evaluación periódica que garanticen la efectividad de las medidas.
Nuestra misión es velar por el bienestar del ser humano y el interés superior del niño, incluyendo a las víctimas. Sostenemos que la intervención legal en adolescentes debe entenderse como una medida de protección excepcional, orientada a su transformación y reintegración social mediante equipos interdisciplinarios y el acompañamiento espiritual.