El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, consiguió postergar por una semana su citación a indagatoria en la causa por la supuesta retención indebida de aportes.
La audiencia original estaba prevista para este jueves ante el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, pero se reprogramó para el 12 de marzo, por un cambio de abogados.
Con esta estrategia, Tapia será representado por Luis Charro.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en el expediente. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.
Según la denuncia, el monto involucrado supera los 19.000 millones de pesos y corresponde a obligaciones que debían ser depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La postergación se produjo apenas un día después de que el juez Amarante rechazara un planteo de la defensa de Tapia que buscaba suspender la indagatoria. Ese pedido se basaba en que aún está pendiente de resolución una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, donde aseguró que la AFA saldó las deudas reclamadas y que no existió delito.
Además de Tapia, fueron citados Gustavo Lorenzo, director general de la entidad, para el 5 de marzo. En tanto, el 9 de marzo deberá presentarse el actual secretario general, Cristian Malaspina, y de su antecesor en el cargo, Víctor Blanco. El 11 de marzo será el turno del tesorero, Pablo Toviggino.
Cómo se originó la causa y qué pruebas analiza la Justicia
ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.
Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.
ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.
Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.
Fuente: TN