La justicia de Santa Cruz le trabó un embargo de un millón de pesos, le prohibió acercarse y tener contacto con el diputado Máximo Kirchner y le imputó un delito similar al que pesan sobre Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile.
La organización de ultraderecha Revolución Federal tiene otro procesado por participar en actividades para promover el odio, incitar a la violencia y generar amenazas, incluso de muerte, dirigidas a funcionarios, empezando por los del Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Se trata de Franco Castelli, que era soldado voluntario y fue desplazado cuando se conoció su relación con este grupo neonazi, que recibió dinero del Grupo Caputo. La resolución que también lo responsabiliza penalmente fue firmada por el juez de Río Gallegos, Claudio Vázquez, quien le trabó un embargo de un millón de pesos, le prohibió acercarse y tener contacto con el diputado Máximo Kirchner y su familia, y le imputó un delito que prevé penas de 3 a 8 años para quien organiza o participa en «agrupaciones permanentes o transitorias» que buscan «imponer sus ideas o cambiar las ajenas por la fuerza». Es la misma figura que utilizó Marcelo Martínez de Giorgi, en Comodoro Py, sobre Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile.
En una de las charlas en vivo que Revolución Federal hizo en Twitter Spaces, que tituló «Hay que pudrirla?», el 25 de agosto Castelli tuvo cierto protagonismo en un intercambio que tuvo con Morel. Contó que todos los días pasa por la esquina de la casa de Máximo Kirchner, la de Río Gallegos, que es donde vive Castelli.
«¿Cómo no lo mataste boludo?»
–Uhhh ¿Cómo no lo mataste boludo? ¿Cómo mierda te mantenés?–, le dijo Morel. Castelli, para colmo, intentó explicarle que el diputado no vive ahí habitualmente y que las casas están custodiadas. En otro tramo del diálogo celebró que sus compañeros le hubieran golpeado el auto a Sergio Massa el día de la asunción –hecho por el que Guerra fue detenido– pero dijo que tenía «bronca» «porque no le pegaste una recontra trompada a (Juan) Grabois». «Si yo fuera, te juro que… Dios me libre, lo dejo… pero no sé, ni el SAME lo va a curar Grabois boludo».
También clamaba por «escrachar» a Victoria Donda. A Morel prometió mandarle fotos de la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, «los vehículos, las máquinas paradas» y «de la casa de la hija» y «de la quinta», para que las compartiera en sus redes. En el mismo intercambio fue que Morel comentó que cuando la veía a Cristina entre la multitud cerca de su casa pensaba que si a él no lo conocieran «los nenes de La Cámpora» se infiltraba ahí, se ponía a cantar «la marcha peronista siete días seguidos y paso a la historia».
Todos los vivos de Revolución Federal, realizados en su mayoría en los días previos al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner están plagados de frases muy directas respecto de ella, del Presidente y otros dirigentes: «hay que matarlos, otra cosa no podés hacer», «desfigurarles la cara», «que se tengan que exiliar», tirarles «agua hirviendo», «prenderles fuego», «poner una bomba en la Casa Rosada», todos comentarios que además hacen extensivos a los manifestantes que por esos días iban a darle apoyo a la vicepresidenta en las inmediaciones de su casa, tras el alegato del fiscal Diego Luciani, con el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación en el juicio de la obra pública en Santa Cruz.
La denuncia contra Castelli
Castelli fue denunciado por el general José Luis Arrechea, a cargo de la Brigada Mecanizada XI del Ejército, que integraba. Su papel en aquellas charlas quedó a la vista en una presentación que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Comodoro Py. A la vez fue desafectado por lo que la fuerza consideró una «falta gravísima». El juez Vázquez señaló en su procesamiento que «tuvo participación voluntaria en un espacio virtual organizado bajo una consigna destituyente e interactuó con sus miembros a sabiendas de que el grupo estaba orientado a la difusión de mensajes de odio e iniciación a la violencia contra las autoridades del estamento nacional».
«El tono empleado, el contexto en que los dichos se volcaron (engarzados a una serie de publicaciones con alto contenido de violencia política) hablan a las claras de una intencionalidad, un deseo, de exterminar físicamente a ciertas personalidades de la vida institucional nacional», señala el fallo. Explicó que «la sola intervención del imputado en una agrupación que promueve el odio y el temor basta para configurar el hecho investigado».
En su celular, en forma coherente con su vínculo con Revolución Federal, tenía numerosos y violentos intercambios de opiniones anti gobierno, visibles en redes sociales y publicaciones variadas. En Twitter intervenía en «hilos» con el hashtag #LaDerechaTwittera. La resolución toma en cuenta la de Martínez de Giorgi, basada a su vez en el dictamen de Gerardo Pollicita, quienes incluso sostuvieron que la organización en cuestión se convirtió en “en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner» el 1 de septiembre último.
El rol de Revolución Federal
El juez Vázquez señala: «Revolución Federal no era simplemente un colectivo de personas molestas con la situación política, económica y social que atraviesa nuestro país; sino que se trató de un grupo que progresivamente se fue radicalizando tanto en sus expresiones de odio y agresión como en las acciones concretas que adoptaron al momento de protestar». Luego agrega que no puede pasar por alto que «contemporáneamente a estos eventos acaeció la tentativa de magnicidio perpetrada en contra de la actual vicepresidenta de la nación, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Mi parecer en este sentido es que, pese a que no mediaría una conexión directa entre los implicados de ambas causas, es innegable que los mensajes violentos de Revolución Federal contribuyeron de algún modo a propiciar un clima predisponente para que ello ocurra».
El magistrado advierte que la participación de Castelli en el grupo es anterior a la charla del 25 de agosto, y que eso se deduce de lo que conversa con Morel quien, por ejemplo, le pregunta si «todavía» pasaba por la casa de Máximo. Su intervención en la agrupación, aclara, «no se limitó a un inocuo ejercicio de su libertad de expresión dentro de un foro de opinión, sino que hay de su parte una evidente intencionalidad de comulgar con los miembros del grupo y de participar en la difusión de mensajes» que encerraban «la pretensión» «directamente de acabar con un proyecto de gobierno determinado, erradicar un pensamiento», además de las amenazas y la incitación a la violencia.
De esta forma ya son dos los jueces que evalúan del mismo modo la actividad de Revolución Federal. Martínez de Giorgi analiza ahora sus fuentes de financiamiento, donde descolla el Grupo Caputo con la excusa de un gran encargo de muebles a la carpintería de Morel, y analizar otras vinculaciones políticas. Habrá que ver si en algún momento finalmente la causa se junta con la del atentado contra CFK.
