El Gobierno nacional intenta descomprimir las diferencias con Chile por el próximo viaje del carguero Danstar hacia las Islas Malvinas y sostiene que la situación no representa, por el momento, una disputa diplomática entre ambos países.
Desde la Casa Rosada aseguran que el vínculo con la administración del presidente chileno José Antonio Kast continúa siendo positivo, pese a las recientes declaraciones cruzadas entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna sobre las condiciones que deberá cumplir la embarcación para realizar el recorrido comercial.
El buque, que conectará Punta Arenas con las islas, tiene previsto concretar su primer viaje el próximo 17 de diciembre. En el Gobierno argentino consideran que las diferencias actuales deben resolverse dentro de los marcos normativos vigentes, sin afectar la relación bilateral.
En paralelo, desde sectores del oficialismo observan con preocupación el papel del Reino Unido en esta situación y sospechan que Londres podría estar interesado en profundizar las diferencias entre Buenos Aires y Santiago. Según esa interpretación, una confrontación entre ambos países terminaría desplazando el eje central de la discusión: el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
Uno de los puntos que busca aclarar el Ejecutivo está relacionado con el destino de la mercadería que transportará el Danstar. La postura oficial es que la embarcación no tendrá participación en el abastecimiento del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La empresa naviera Easter Island también negó tener vínculos con esa actividad y sostuvo que su operación estará destinada al abastecimiento comercial de las islas.
La embarcación arribó a Punta Arenas el lunes, luego de partir desde Valparaíso el 29 de octubre. Actualmente se encuentra en instalaciones de los Astilleros y Maestranzas de la Armada chilena (ASMAR), donde realizará trabajos técnicos antes de iniciar la nueva conexión marítima, que permitirá trasladar alimentos, materiales de construcción y otros productos.
La controversia entre ambos gobiernos tomó mayor visibilidad luego de que Quirno señalara que los buques que se dirigen a Malvinas atravesando aguas jurisdiccionales argentinas deben contar con autorización previa, de acuerdo con el decreto 256/2010. Desde Chile, el canciller Francisco Pérez Mackenna defendió el principio de libre navegación y cuestionó la necesidad de solicitar ese permiso.
La normativa argentina establece un procedimiento específico para las embarcaciones que se dirigen hacia el archipiélago. Sin embargo, desde el Ejecutivo evitan anticipar qué medidas podrían adoptarse en caso de que el carguero no cumpla con los requisitos establecidos.
A la discusión diplomática se suma el reclamo argentino por las actividades hidrocarburíferas en las aguas cercanas a Malvinas. El Gobierno presentó una solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto Sea Lion mientras se resuelve la controversia de fondo. La decisión del organismo está prevista para el 28 de noviembre.
En este escenario, la Casa Rosada apuesta a mantener los canales de diálogo con Chile y evitar que el recorrido de una embarcación privada genere un deterioro en la relación entre ambos Estados. El objetivo es preservar el respaldo chileno al reclamo argentino de soberanía y mantener el foco de la discusión en las actividades británicas en el Atlántico Sur.



