El Gobierno nacional habilitó el avance de un proyecto para modernizar y concesionar el Centro de Fronteras de Paso de los Libres, en Corrientes, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre del país. La iniciativa contempla una concesión por 20 años, con posibilidad de extenderse por otros cinco, y será financiada íntegramente con inversión privada.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1350/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este miércoles en el Boletín Oficial. A través de la normativa, se declaró de interés público una propuesta privada que superó la evaluación técnica y administrativa.
El complejo incluye el Centro Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI), ubicados en la frontera con Uruguayana, Brasil. Por sus instalaciones circulan entre 700 y 1.000 camiones diarios, lo que representa alrededor de 200.000 vehículos de carga al año.
Una sola propuesta superó la evaluación
La convocatoria inicial recibió ocho iniciativas privadas para hacerse cargo de la renovación y explotación del predio. Sin embargo, siete fueron descartadas por no cumplir con los requisitos de admisibilidad.
La única propuesta habilitada pertenece al Grupo Promotor, integrado por Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA.
El proyecto contempla que el consorcio que resulte adjudicatario asuma la administración, operación, mantenimiento y explotación del complejo durante el período de concesión.
Qué cambios se proyectan en la aduana
El plan de modernización incluye la recuperación de sectores operativos, repavimentación de calzadas, renovación de los sistemas de iluminación y señalización, actualización de los equipos de pesaje e incorporación de tecnología para inspeccionar cargas sin necesidad de abrir los camiones.
También se prevé trasladar la terminal de ómnibus dentro del predio y sumar espacios comerciales, alojamiento para transportistas, estación de servicio, taller mecánico, gomería y lavadero con reutilización de agua.
Otro de los componentes será la instalación de un parque solar fotovoltaico con una capacidad inicial de un megavatio, destinado a abastecer parte de las necesidades energéticas del complejo.
La concesión todavía debe pasar por una licitación
La declaración de interés público no significa que el consorcio haya obtenido definitivamente la concesión. Se trata de un paso previo que habilita la elaboración de los pliegos y el llamado a una licitación pública.
La Jefatura de Gabinete tendrá a su cargo ese procedimiento, con intervención del Ministerio de Economía. En esa instancia se establecerán las condiciones definitivas de inversión, funcionamiento, mantenimiento y fiscalización.
El Estado no realizará desembolsos para ejecutar las obras, mientras que los controles aduaneros, migratorios y sanitarios continuarán bajo responsabilidad de los organismos públicos correspondientes.
La iniciativa forma parte de un plan nacional para avanzar con la participación privada en la modernización de los centros de frontera. El Gobierno también proyecta extender este modelo a otros 13 complejos del país.
