La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, con el objetivo de analizar un expediente que podría restablecer las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, eliminadas por el Gobierno nacional mediante el DNU 70/2023.
Según informó TN, el máximo tribunal deberá resolver un pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas y otros demandantes. El planteo busca aclarar si el fallo dictado recientemente por la Corte, en una causa impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, también alcanza a su propio expediente.
La controversia se produce luego de que el máximo tribunal revocara una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. En aquella resolución, los jueces consideraron que el CECIM no tenía legitimación para impulsar el reclamo, por lo que la decisión se limitó a una cuestión procesal y no resolvió la constitucionalidad del régimen de tierras.
Qué puede resolver la Corte
Entre las alternativas que analiza el tribunal se encuentra devolver el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o intervenir directamente para resolver la medida cautelar, una opción considerada excepcional.
Si se concede la cautelar, podrían volver a regir provisoriamente las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros.
Para intervenir en el expediente fueron designados los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, quienes se sumarán a los tres integrantes titulares de la Corte. Además, el tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo para presentar impugnaciones contra la integración.
Un debate que también involucra al Congreso
La discusión judicial generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que anunciaron su intención de impulsar en el Congreso el rechazo del DNU 70/2023.
En este contexto, la decisión que adopte la Corte podría tener consecuencias sobre la aplicación de las normas vinculadas con la propiedad de tierras rurales y el alcance de las restricciones a la titularidad extranjera.
Por el momento, el resultado del acuerdo extraordinario no está definido. La resolución determinará los próximos pasos judiciales de una controversia que combina cuestiones constitucionales, ambientales y vinculadas con los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
