El Gobierno nacional apeló la intimación judicial que le había otorgado cinco días para cumplir de manera total con la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y solicitó que se deje sin efecto la posibilidad de aplicar multas.
La presentación fue realizada ante el juez federal Martín Cormick, quien había determinado que no existía un cumplimiento total de la medida cautelar y había intimado al Ejecutivo a completar las obligaciones pendientes bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora.
El Estado presentó primero un recurso de revocatoria ante el propio Cormick y dejó planteada una apelación subsidiaria para el caso de que el magistrado mantenga la intimación. Por ahora, el expediente no fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Desde el Gobierno sostienen que la cautelar ya fue cumplida y acompañaron documentación para respaldar esa posición. Entre los elementos presentados figuran transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y documentación relacionada con las becas universitarias.
La medida cautelar establece la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados con la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios y con la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025, posteriormente confirmada por la Cámara y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara en junio un recurso extraordinario presentado por el Estado.
El Gobierno cuestiona además que la resolución judicial no haya precisado qué obligaciones considera todavía incumplidas y sostiene que ya informó las medidas adoptadas ante la Justicia.
En caso de que Cormick rechace la revocatoria, el Ejecutivo pidió que la apelación subsidiaria tenga efecto suspensivo, de modo que la intimación y las posibles multas no continúen mientras el planteo es analizado por la Cámara.
El conflicto judicial se desarrolla en paralelo con las negociaciones entre el Gobierno, las universidades y los gremios docentes, en el marco del debate por el Presupuesto 2027 y de nuevos reclamos salariales del sector universitario.
