La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno había derogado la Ley de Tierras Rurales.
La causa se inició a partir de una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que cuestionó la eliminación de la Ley 26.737, que establecía límites para la propiedad y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
El máximo tribunal, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que el CECIM no tenía legitimación para promover la demanda, ya que no se configuraba un caso judicial concreto que habilitara la intervención de la Justicia.
La Corte sostuvo que la soberanía territorial no puede ser considerada un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y, por ese motivo, tampoco existía un derecho de incidencia colectiva que permitiera a la asociación impulsar el reclamo.
De esta manera, queda vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023. Sin embargo, la Corte aclaró que su decisión no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 del decreto. Es decir, el tribunal no determinó si la derogación es constitucional o inconstitucional, sino que resolvió que la asociación que inició el expediente no estaba habilitada para plantear ese reclamo.
La Ley de Tierras Rurales establecía, entre otras disposiciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y restricciones adicionales por nacionalidad y por titular. Con la vigencia de la derogación, esas limitaciones dejan de aplicarse en los términos establecidos por aquella ley.
