El Gobierno argentino intimó formalmente este lunes al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, impida el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, vinculadas principalmente con el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.
La medida fue anunciada por la Casa Rosada, que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional, previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El Gobierno advirtió que, si el Reino Unido no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, la Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que reclama sobre su plataforma continental.
El principal foco del reclamo es el proyecto Sea Lion, desarrollado por la petrolera israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration. Las compañías proyectan comenzar la extracción de petróleo en 2028, aunque una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Río Grande ordenó abstenerse de iniciar o continuar las obras necesarias para ponerlo en marcha.
La decisión argentina se produce después de que la administración de las Islas Malvinas, con respaldo británico, prorrogara por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore en la zona. La Argentina presentó entonces una protesta formal y sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en el área es contraria al derecho internacional.
Además, el Gobierno informó que inició acciones contra Thales UK Limited, a la que acusa de realizar operaciones aéreas entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, mediante una aeronave con matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. Se ordenaron procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
Desde el Reino Unido, en tanto, se sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en las islas y se reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar sus recursos naturales.
