El fiscal federal Gerardo Pollicita prepara una serie de medidas para verificar las explicaciones que presentó el exjefe de Gabinete Manuel Adorni en la causa que investiga un supuesto enriquecimiento ilícito.
Entre las medidas que analiza la fiscalía se encuentra el pedido al juez federal Ariel Lijo para abrir un sobre lacrado que contiene las claves privadas de ocho billeteras de criptomonedas aportadas por Adorni. El objetivo es reconstruir las operaciones registradas en la blockchain y determinar si el exfuncionario tenía el control de esas cuentas durante el período en el que asegura haber realizado las inversiones.
Según la investigación, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tuvieron ingresos por $229.752.283,20 desde su llegada a la función pública, mientras que los gastos reconstruidos alcanzarían $272.820.832,20, además de US$402.578,12. La defensa sostiene que la diferencia se explica principalmente por ahorros obtenidos antes de que Adorni ingresara al Gobierno.
En su presentación judicial, el exfuncionario afirmó que había realizado inversiones en criptomonedas desde 2014 y que, a través de distintas operaciones, llegó a acumular cerca de US$600.000. Según su versión, parte de esas operaciones se realizaron en efectivo y de manera presencial, sin intermediarios ni registros bancarios.
La fiscalía busca determinar, precisamente, si esas operaciones pueden ser acreditadas. Una de las dificultades señaladas en la investigación es que la documentación notarial presentada recientemente demuestra que Adorni tiene actualmente el control de las billeteras, pero no necesariamente quién las controlaba entre 2014 y 2018, cuando se realizaron las operaciones que originaron los fondos.
Para avanzar con el análisis, Pollicita solicitó la intervención de especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que podrían realizar un peritaje sobre las ocho direcciones de bitcoin mencionadas por la defensa.
La investigación también analiza el costo de las refacciones realizadas en una propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Mientras un contratista declaró que la obra tuvo un costo de US$245.000, la defensa sostiene que el monto fue de aproximadamente US$175.000 y presentó documentación contable y una tasación para respaldar esa cifra.
Pollicita deberá evaluar ahora si las explicaciones y documentación aportadas resultan suficientes. En caso contrario, el fiscal podría solicitar al juez Lijo que cite a Adorni a declaración indagatoria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
