El Gobierno nacional apelará la resolución del juez federal Martín Cormick, que le otorgó un plazo de cinco días para cumplir de manera completa con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El magistrado había considerado que el Ejecutivo no acreditó el cumplimiento total de la cautelar y advirtió que, si no regulariza la situación dentro del plazo establecido, podría aplicar multas económicas por cada día de demora.
Desde la Casa Rosada sostienen, en cambio, que ya cumplieron con la medida judicial y que así fue informado ante la Justicia. Ese será uno de los principales argumentos que presentará el Gobierno en su apelación. Además, el Ejecutivo analiza si solicitará que la apelación tenga efecto suspensivo mientras la Cámara revisa la decisión.
La cautelar, que quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara en junio un recurso extraordinario del Gobierno, ordena aplicar los artículos de la Ley 27.795 relacionados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
El conflicto se mantiene abierto también en el ámbito de la negociación salarial. En septiembre, el Gobierno ofreció un 3% adicional de aumento para los docentes universitarios, pero los gremios rechazaron la propuesta y sostienen que todavía existe una diferencia significativa respecto de la recomposición que, según su interpretación, establece la ley.
En paralelo, el Gobierno busca avanzar con una negociación sobre el Presupuesto 2027, donde se contempla una partida de $7,349 billones para las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), por su parte, calcula necesidades cercanas a los $11 billones.
Mientras continúa la disputa judicial, la apelación será ahora analizada por la Cámara, que deberá determinar si mantiene, modifica o deja sin efecto la intimación dictada por el juez Cormick.
