El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 escuchará este jueves la declaración del exsecretario de Obras Públicas José López y de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano.
El exfuncionario y los empresarios son los últimos imputados citados a indagatoria. Con ellos termina esta etapa del juicio por administración fraudulenta, que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, y durante el mes de mayo los jueces escucharán a 43 testigos.
Los testigos fueron citados en ocho audiencias. El 5 de mayo declararán los periodistas del diario La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, que integraron el equipo que recibió los cuadernos originales. El 7 de mayo será el turno del periodista Héctor María Guyot, del expolicía Jorge Bacigalupo—a quien Centeno entregó los cuadernos—, de Hilda María Horovitz (exmujer de Centeno) y de Elizabeth Miriam Quiroga, exsecretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner.
El 12 de mayo está prevista la declaración del exministro de Economía Roberto Lavagna, de la diputada nacional Mariana Zuvic y de otros tres testigos. El resto de las audiencias se distribuirán entre el 14, 19, 21, 26 y 28 de mayo, con una nómina que incluye a numerosos empresarios, exfuncionarios y personas vinculadas al caso.
El 21 será el turno de Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci.
Mientras que Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo y Mariano Germán Gyenge deberán presentarse ante la Justicia el 26.
Finalmente, el 28 de mayo, será el turno de Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro.
Con la llegada de las testimoniales, el proceso entra en una etapa de producción de prueba que permitirá a las partes confrontar los elementos reunidos durante la investigación.
La causa se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones detallaban un mecanismo sistemático de cobro de coimas a empresas a cambio de la adjudicación de obras públicas durante más de una década.
La acusación sostiene que Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Fuente: TN
