La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave: en el centro del debate estarán la ley de financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Hospital Garrahan. Dos temas que generan expectativa y tensión en el ámbito educativo y sanitario.
Qué propone la ley de financiamiento universitario
El proyecto busca garantizar un presupuesto estable y actualizado para las universidades públicas. La iniciativa apunta a que los fondos destinados a las casas de altos estudios no queden atados a la discrecionalidad del Gobierno de turno, sino que se ajusten automáticamente según la inflación y las necesidades del sistema.
Entre los puntos centrales, la ley establece:
- Actualización automática de los fondos: el presupuesto universitario se ajustaría en función de la inflación, para evitar el deterioro por la suba de precios.
- Distribución equitativa: se prevé un mecanismo para que los recursos lleguen de manera más justa a todas las universidades nacionales, sin favoritismos.
- Garantía de funcionamiento: el objetivo es asegurar el pago de salarios, el mantenimiento de edificios y la continuidad de las actividades académicas y científicas.
La discusión llega después de meses de reclamos de rectores, docentes y estudiantes, que advirtieron sobre la crisis presupuestaria en las universidades públicas y el riesgo de paralización de actividades.
El aumento de fondos para el Hospital Garrahan
El otro tema fuerte de la jornada será el refuerzo presupuestario para el Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico del país. El proyecto propone un incremento de partidas para cubrir gastos de funcionamiento, insumos médicos y salarios, en un contexto de alta demanda y suba de costos.
El Garrahan atiende a miles de chicos de todo el país y es un emblema de la salud pública. En los últimos meses, sus autoridades alertaron sobre la falta de recursos para sostener la atención y la compra de medicamentos.
El antecedente del debate por el financiamiento universitario y el veto de Milei
El Congreso dio un debate similar el año pasado. El 15 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el financiamiento para las universidades, y un mes más tarde en el Senado. Pero la ley fue vetada por el presidente Javier Milei.
Con el argumento de que la ley comprometía el equilibrio fiscal, el Gobierno logró blindar el veto con el apoyo de 85 diputados.
En ese entonces, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un costo fiscal de 0,14% del PBI de la norma sancionada, que preveía que el Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales”.
Fuente: TN