El Gobierno retrasa las privatizaciones por trabas en la tasación de los bienes de las empresas. El Ejecutivo apunta contra los equipos técnicos del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que está en la órbita del Ministerio de Economía que preside Luis Caputo. El titular de área es Julio Villamonte, que cuenta con más de 90 empleados y un presupuesto $3000 millones.
La Casa Rosada bajó la orden de acelerar el proceso para activar la venta de las partes de sociedades antes de 2026. Una de las opciones que barajó la mesa chica de Balcarce 50 fue impulsar la valuación de los bienes a través de convenios con privados, pero no pudo avanzar por términos legales.
Es por eso que Nación no activó el envío de informes legales y financieros de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) -que reemplazó a Miguel Blanco como titular por Alejandro Díaz- y de la Auditoría General de la Nación (AGN) a la comisión bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de Privatizaciones, que apunta a conformar en el mediano plazo.
La Cámara de Diputados ya tiene definidos sus seis integrantes -como Florencia Carignano y Ana María Ianni de Unión por la Patria, y Diego Santilli del PRO- y restan presentar los del Senado. “Hay trámites burocráticos y administrativos que dilatan el proceso. Las tasaciones no avanzan como nos gustaría”, agregan en el oficialismo.
El Gobierno asegura que cumplirá con los lineamientos de la Ley Bases (27.742), que establecen que el órgano legislativo intervendrá en los procesos de venta y que deberá ser informada de la modalidad que se utilizará. En Nación manifiestan que se trata de un trámite informativo pero necesario.
El Ejecutivo sostiene que la comisión tiene la atribución de emitir dictamen sobre el proceso, pero mantiene la postura de que no es vinculante a la decisión de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que preside Diego Chaher y está dentro del Ministerio de Economía. “Vamos a cumplir con el formalismo de que forme parte de proceso”, expresan en el oficialismo.
Los procesos de venta que dispone la Ley de Reforma del Estado (23.696) abarca licitaciones, concursos, remates y venta de acciones en bolsas y mercados del país o del extranjero. “En las bases de los procedimientos de contratación podrán cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación”, fija la norma.
El Gobierno ya avanzó con decretos que dieron inicio al proceso de privatización de Corredores Viales, Belgrano Cargas, Intercargo, Energía Argentina S.A. (Enarsa) y el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy la puesta en marcha de la venta de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). La Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) todavía no cuenta con un plan definido.
Fuente: TN